La Cámara de "Cuentos"
La Cámara de "Cuentos" de la República Dominicana es el órgano constitucional más antiguo del país puesto que está previsto desde 1844 se creó mediante Ley en 1855, contrario a otros, como la Junta Central Electoral que nació en 1923 o el Banco Central en 1947. Pero nunca ha funcionado bien y en los últimos seis años, ha empeorado.
Siendo un órgano de control fiscal externo, como lo consagra el artículo 248 de la Carta Política es independiente del Poder Ejecutivo y, sin embargo, en octubre del 2020 el presidente Abinader le instruyó a requerir las declaraciones de los funcionarios del Gobierno y, a seguidas le acusó declaró que "Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD y sus miembros ya deberían haber renunciado”.
Sin ir más lejos cinco meses después, en febrero del 2021, en un hecho que no tiene paralelo en la historia de las naciones democráticas, le allanaron sus oficinas con lo que pasó a manos del Ministerio Público cada papel de investigación en curso, sin que sobre ellos existiera ninguna resolución administrativa; de dicho evento han pasado más de cuatro años que es el periodo máximo de duración de una investigación sin que se produjera ningún sometimiento.
El Gobierno del PRM en el 2021/2025, con control absoluto del Congreso Nacional, se dio su propia Cámara de Cuentos, a su medida y en abril el presidente del Senado, Eduardo Estrella juró a los beneficiados por la mayoría senatorial de dicha organización y Abinader tuvo Cámara, presidido por el Lic. Janel A. Ramírez Sánchez, empero iniciando el año 2022 dos miembros de ella, dos damas, se quejaron de “acoso sexual” a cargo del presidente de la Cámara, imputaciones que si bien fueron desestimadas por el Ministerio Público en julio del 2023 crearon un ambiente de cabildeo y riesgo de juicio político que impidió realizar o terminar trabajos de auditoría a todo lo largo del periodo para el que fueron designados.
Con el ojo puesto sobre la ineficacia del Senado para elegir adecuadamente los miembros de este importante órgano en abril del 2025, en medio de un fuerte rechazo en la opinión pública, la Cámara Alta designó a los nuevos integrantes encabezados por la Dra. Enma Polanco, en pago según sus críticos, de una deuda política de campaña.
Sin que se hubiera realizado una sola auditoria, la nueva Cámara de Cuentos procedió a utilizar un fondo que ya existía, para aumentar sus salarios en hasta un 50% en violación al artículo 140 de la Constitución. Sobre todo, en violación a las mas elementales normas de sentido común, pues estamos en medio de una crisis económica bastante seria por la Guerra en Irán.
No habiendo defensa posible, no sólo por la inconstitucionalidad e ilegalidad de la resolución 17-26, que no fue publicada en la página del órgano, el presidente del Senado se despacha con una carta “amonestando y amenazando” a los miembros del órgano, cuando, ejecutada la disposición contenida en una resolución lo que procedía era un “juicio político” por violación de una norma constitucional, hecho que no es convalidable. Olvidó que la CCRD no es amonestable por ningún poder del Estado, no procede en su contra ninguna cuestión disciplinaria, sino exclusivamente, su destitución y eventualmente enjuiciamiento penal.
En este país de alharaca pasajeras, en el Gobierno, no parece que haya nadie con la más mínima idea de la organización del Estado y, eso se evidencia en este órgano constitucional carente de prestigio, tradición en el cumplimiento de la Constitución o las leyes que hace trabajos por encargo: Gobierno, Ministerio Público y Poder Judicial parecen no haber leído que este órgano sólo puede hacer trabajos a petición de “una o de ambas cámaras” legislativas. A esta Cámara le envían los formatos de auditoría y hasta las preguntas que deben hacer…
El presidente Abinader, jefe de esta Administración desafortunada en el plano institucional que ha tenido el control legislativo en los dos últimos periodos, desde el 2020, es decir hace seis (6) años, parece no haberse percatado de que “los informes” de la Cámara del Cuento establecidos en el artículo 250.2, de los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, ni siquiera han sido conocidos y, desde luego, tampoco las memorias de los ministros que el presidente de la República ha presentado cada 27 de febrero a las Cámaras Reunidas: Entonces ¿Para qué rinde cuentas el presidente?
Esta Cámara de Cuentos no ha elaborado una sola auditoría y, las que firmó y en ocasiones modificó, que fueron dejadas listas por la anterior, ni siquiera cumplió lo establecido por la Constitución y Ley sobre los derechos de las personas, que consiste en “garantizar el derecho de publicidad, defensa y contradicción” durante la fase de investigación, porque lo peor de esta Cámara no es su falta ética sino su falta de dominio de la materia administrativa y su deber de cumplir la Constitución y las leyes.
Durante los últimos años, arropados por la publicidad y el amarillismo de las redes, hemos sufrido un notable deterioro del Estado de derecho que se caracteriza por el sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado y sus instituciones a las leyes y a las decisiones judiciales como base de la protección de los derechos fundamentales: En un Estado de derechos no existe el abuso de las vías de derecho ni el desacato judicial. Hemos retrocedido varias décadas en seis años; lo de la Cámara del Cuento es sólo un triste ejemplo de una realidad de carácter general.