Seguridad alimentaria… en proceso

Detrás de cada alimento que compramos en un establecimiento comercial, hay muchas manos que intervienen hasta su puesta a la venta en una góndola; historias de personas que, con su esfuerzo, hacen posible que podamos adquirirlo para nuestro consumo y disfrute.

Al margen de que el capitalismo nos hace libres para comprar las cosas que queramos, no deberíamos olvidar a quienes hacen posible el milagro de la producción, a los héroes anónimos que hacen posible que podamos alimentarnos.

Detrás de cada producto que compramos para satisfacer nuestras necesidades alimentarias, hay miles de historias de trabajo, sacrificio, riesgos asumidos; hay préstamos, salarios, seguros y prestaciones que pagar; hay energía, maquinaria, insumos agrícolas, tecnología… coraje.

Así las cosas, lo menos que podríamos mostrar es un poco de respeto hacia todos estos héroes invisibles; y recordar que, en un Estado de derecho, las instituciones deben jugar su rol con eficacia y contundencia, obligando a que sean comunes y obligatorias las reglas que procuran la libre competencia; garantizando que la producción esté regulada por normas que tengan como prioridad la seguridad alimentaria de todos los dominicanos.

Las normas que regulan la seguridad alimentaria reflejan su cumplimiento a través del etiquetado del Registro Sanitario contenido en el producto. Un registro equivale a un certificado de cumplimiento de una normativa previa, que garantiza la seguridad alimentaria e inocuidad del alimento que consumimos, no el cumplimiento administrativo y burocrático de una norma. Un registro sanitario no es simplemente un sello, es el reconocimiento de que el producto cumple, que es apto para el consumo humano.

La discusión en torno a las “marcas blancas” de algunos supermercados –que poco a poco sustituyen y desplazan a sus iguales de factura local y manufactura conocida–, es un asunto de libre mercado, sujeto a las reglas de la competencia, el abuso de mercado y las barreras de entrada al comercio inducidas, que deben explicarse, evaluarse, juzgarse y, –si así ocurriera–, sancionarse.

Lo que no es negociable, discutible ni está sujeto a diálogo, es que el Estado renuncie a su rol de garantizar que TODOS los productos que consumamos los dominicanos, estén debidamente habilitados por un registro sanitario –o su equivalente–, según lo dispuesto el decreto No.528-01, las NORDOM, y cualesquiera disposiciones de la DIGEMAPS y el Ministerio de Salud Pública.

Que las góndolas de algunos supermercados estén repletas de productos cuyo registro sanitario dice “en proceso”, como si de una nueva categoría jurídica se tratarse, es una vergüenza, y también un reconocimiento de la incapacidad de los órganos reguladores, supervisores y sancionadores. Pero que, en un paquete de sal, en vez del registro aparezca la bandera de España… y nada más, como si eso fuera suficiente, es una burla a todos los consumidores y un insulto al Estado dominicano. Y, definitivamente, para hacer eso, hay que ser muy descarado… y muy bravo.