opinión
2025: lecciones aprendidas
El año 2025 nos deja importantes aprendizajes como país. Ha sido un período marcado por debates necesarios, tensiones sociales visibles y la confirmación de que los desafíos estructurales no se resuelven con soluciones improvisadas, sino con políticas públicas coherentes, sostenidas y centradas en las personas.
Uno de los temas que ha estado de forma recurrente en la agenda nacional es la educación. Más que discursos grandilocuentes o promesas de cambios totales, lo que el país necesita son políticas públicas educativas efectivas, que se ejecuten con continuidad, evaluación y resultados medibles. Educar no es solo construir aulas o extender horarios; es garantizar calidad, formación docente, contenidos pertinentes y una conexión real entre la educación y las necesidades del presente y del futuro.
Una educación que forme ciudadanos críticos, productivos y comprometidos con su entorno.
La igualdad de género sigue siendo otro gran pendiente. En 2025 quedó evidenciado que, a pesar de los avances normativos, las mujeres continúan enfrentando barreras reales para acceder a espacios de poder y toma de decisiones. Esto se reflejó incluso en los cambios recientes realizados por el presidente Luis Abinader, donde no se incorporaron nuevas mujeres al gabinete, sino que las designaciones correspondieron a funcionarias que ya ocupaban cargos relevantes dentro de su administración.
El desafío para 2026 no es solo reconocer esta brecha, sino transformarla en políticas públicas que promuevan la participación, la equidad y el liderazgo femenino, de modo que más mujeres se sumen al gobierno en posiciones de toma de decisiones como parte natural del desarrollo democrático.
El empleo y la informalidad constituyen, sin duda, uno de los retos más urgentes que enfrenta la República Dominicana. El país necesita avanzar hacia un nuevo Código Laboral, moderno y equilibrado, que permita mayor formalización, proteja derechos, pero que también estimule la creación de empleos y la competitividad.
Sin un marco laboral actualizado, seguiremos atrapados en un círculo de informalidad que limita el crecimiento económico y la protección social de miles de dominicanos.
Durante este año también se puso sobre la mesa la fragilidad de algunos espacios institucionales y de diálogo social como el CES. Fortalecer las instituciones, garantizar su funcionamiento efectivo y devolver la confianza ciudadana debe ser una prioridad para 2026. Sin instituciones sólidas, cualquier política pública carece de sostenibilidad.
La defensa del Jardín Botánico puso de manifiesto la preocupación ciudadana por la protección del medio ambiente y de los espacios verdes urbanos en 2025. El desarrollo no puede seguir enfrentándose al entorno natural; debe integrarlo y preservarlo. Defender nuestros recursos es defender calidad de vida y futuro.
Este año 2026, el país tiene ante sí una oportunidad clara: pasar del diagnóstico a la acción. Implementar políticas educativas efectivas, avanzar hacia un marco laboral moderno que genere empleos, fortalecer la institucionalidad, promover la equidad de género y proteger el medio ambiente no son tareas aisladas, sino partes de una misma visión de desarrollo.
La República Dominicana necesita coherencia, voluntad política y compromiso ciudadano. Si logramos alinear estos esfuerzos, el próximo año puede convertirse en un punto de inflexión hacia un país más justo, productivo y con mayores oportunidades para todos.