La “doctrina Abinader”
Con palabras muy explícitas y sencillas, el Presidente Abinader ha ido estructurando el marco ético e institucional del gobierno en materia de combate a la corrupción, una doctrina que ya va calando.
El punto de partida de esta doctrina es el respeto a la independencia del ministerio público y la transparencia en el manejo de los recursos del Estado, rematado con sus propias actuaciones personales frente a denunciados casos de irregularidades en su gobierno.
Ayer dio un nuevo ejemplo destituyendo al director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, luego de que se aireara un informe oficial que desvelaba fallas en el manejo de los programas de alimentación escolar.
En el pasado reciente no le ha temblado el pulso para suspender y/o cancelar de sus puestos a ministros o directores en cuyas instituciones se detectaron irregularidades, haciendo valer su principio de que “no tengo amigos” en el funcionariado y, por lo tanto, no admitirá desafueros.
Su política de “cero vacas sagradas” ha sido, pues, elocuente, lo que envía el mensaje de que todo aquel que se salga de la raya, es para afuera que va.
No obstante esta tesitura, nada quita que la codicia y los conflictos de intereses sigan asomando a lo interno de la administración porque, tal y como él lo ha reconocido, la corrupción ha permeado el Estado de arriba a abajo.
Y sofocarla exige voluntad y ojos abiertos permanentemente para impedirla cuando asomen las primeras señales de los despropósitos.
Para que esta doctrina anticorrupción eche raíces es indispensable contar con un ministerio público que atrape y sancione judicialmente a los corruptos y, afortunadamente, esta herramienta existe y funciona a toda capacidad.
Con los de ayer y con los de hoy.