La universidad frente a la violencia y la criminalidad

El periódico Listín Diario celebró exitosamente el foro “Crimen, seguridad y violencia”, en el que se realizaron importantes aportes por parte de cada uno de los panelistas sobre la política a seguir para reducir los índices de violencia y criminalidad en nuestro país. Tuvimos la oportunidad de participar como panelista con el tema “El rol de la academia en la seguridad ciudadana”. En estas líneas, resaltamos las ideas más relevantes de nuestra disertación.

José Ortega y Gasset, en su obra Misión de la Universidad, plantea que la academia no solo tiene la tarea de formar profesionales competentes (abogados, médicos, ingenieros, etc.), sino que esta formación no debe ser meramente técnica, sino también orientada a formar individuos con valores éticos y compromiso social, para evitar la aparición de lo que denomina el “especialista bárbaro”, es decir, aquel que domina una técnica, pero carece de visión crítica y responsabilidad social.

Las instituciones de educación superior están llamadas a cumplir una función crítica frente al poder punitivo del Estado. Tal como advertía Ortega y Gasset, la universidad no debe limitarse a la transmisión técnica del conocimiento, sino que tiene la misión de formar ciudadanos con capacidad de intervención en la realidad social. Aplicado al ámbito de la política criminal, esto implica generar profesionales capaces de cuestionar, evaluar y proponer modelos de respuesta frente a la violencia y la criminalidad que sean compatibles con los principios del Estado social y democrático de derecho que procura nuestra Constitución.

La discusión actual sobre la definición de la política criminal, a raíz de la última reforma constitucional que le otorgó la competencia al Ministerio de Justicia para articularla, obliga a repensar cómo se formula y ejecuta dicha política, así como cuáles son los actores sociales llamados a incidir en su diseño, desarrollo y evaluación. En este contexto, las universidades ocupan un lugar estratégico como espacios de producción de conocimiento, formación de capital humano y articulación social.

La política criminal no se reduce a la persecución penal, sino que constituye el conjunto de respuestas que el Estado y la sociedad organizan frente al fenómeno criminal. En consecuencia, resulta evidente que su construcción no puede quedar limitada a los órganos estatales. Por el contrario, requiere una visión integral, interdisciplinaria y participativa, en la que la academia desempeña un papel esencial.

La criminalidad tiene un origen social. En ese sentido, la respuesta no puede darse únicamente desde el Estado, sino que debe contar con una serie de mecanismos de respuestas institucionales y sociales: la familia, los medios de comunicación, las iglesias y, por supuesto, el sistema educativo y formativo. En este último ámbito, las universidades juegan un rol fundamental.

En el diseño de estas líneas de acción se presentan tres modelos de prevención: primaria, secundaria y terciaria, en función de lo que se pretende evitar. La prevención primaria aborda el fenómeno desde el contexto social y se concentra en el origen de la criminalidad, procurando resolver los problemas sociales que subyacen en el crimen. En este nivel, se requiere implementar programas en el ámbito educativo y formativo.

La prevención secundaria interviene cuando el hecho de violencia o criminalidad ya se ha manifestado. Aquí entran en juego los jueces, fiscales y policías, predominando el modelo punitivo basado en la persecución penal y la presencia policial.

La prevención terciaria está dirigida al sistema penitenciario y tiene como propósito evitar la reincidencia mediante la prevención especial, concretamente a través de los fines resocializadores establecidos en la Constitución.

Las universidades pueden aportar en los tres niveles de prevención. Partiendo de este enfoque, presentamos algunas propuestas concretas para articular una respuesta más eficaz frente al problema:

• Creación de Observatorios Universitarios de Violencia y Criminalidad, desde los cuales se puedan elaborar mapas delictivos, análisis territoriales, identificar factores de riesgo y perfiles criminológicos. Esto permitiría que la política criminal deje de basarse en percepciones y se sustente en evidencia empírica.

• Programas de prevención social en comunidades vulnerables, a través del rol de extensión universitaria. Un ejemplo lo constituyen los proyectos educativos en escuelas y barrios desarrollados por el Grupo APEC, como PROMAPEC y CENAPEC, que han impactado a miles de personas. La academia se convierte así en un actor directo en la reducción de las causas estructurales de la criminalidad.

• Creación de clínicas jurídicas y unidades de atención a víctimas, enfocadas en brindar asistencia legal gratuita a víctimas de violencia. En este sentido, UNAPEC realizará próximamente el lanzamiento del Centro de Estudios de Desarrollo Social y Gobernanza, desde donde funcionará una unidad especializada en derechos humanos. Esto contribuye a una respuesta más humana y accesible del sistema de justicia.

• Creación de centros de investigación en política criminal, orientados a la elaboración de propuestas legislativas, reformas penales y análisis del impacto de las leyes vigentes.

• Proyectos de reinserción social, que inciden en la prevención terciaria. Las universidades pueden colaborar con el sistema penitenciario mediante programas educativos en centros de privación de libertad, formación técnica y universitaria para internos, así como iniciativas de acompañamiento postpenitenciario. Ya existen experiencias de personas privadas de libertad que han logrado graduarse de manera virtual.

En relación con esta última propuesta, y considerando que la ley del Ministerio de Justicia le otorga competencia sobre la administración del sistema penitenciario, se sugiere la suscripción de acuerdos entre esta institución y las universidades para apoyar estas iniciativas. Con ello se contribuiría a la finalidad resocializadora de la pena y a la reducción de la reincidencia.

Una política criminal verdaderamente eficaz no puede dejar de lado a la academia. Hacerlo implicaría renunciar a la reflexión crítica y a la formación de los actores que, en última instancia, hacen operativa la respuesta frente al delito.

El autor es decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de Unapec