Dar la cara a los medios

En numerosos ministerios persiste una tendencia arraigada a eludir la entrega de información de interés público a la prensa.

Los medios experimentan —o padecen— esta realidad casi a diario, incluso cuando canalizan sus solicitudes a través de los departamentos de prensa o relaciones públicas de dichas instituciones.

Con frecuencia, la información solicitada tarda en llegar o simplemente nunca se recibe.

Puede que en algunos casos los datos no estén disponibles de inmediato, que el ministro o director esté evaluando su pertinencia, o incluso que los intermediarios no transmitan a tiempo el interés periodístico por conocer una reacción oficial.

Si bien es comprensible que la urgencia de los medios no siempre coincida con los plazos de la administración, el recurso legal para exigir transparencia está vigente: la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública, que rige desde hace más de veinte años.

Aunque los medios suelen ampararse en esta norma, no siempre obtienen respuestas oportunas.

Cuando los temas son sensibles o podrían revelar irregularidades, las fuentes oficiales a menudo intentan evadirse, argumentando riesgos para la seguridad pública o la privacidad, argumentos que, si bien están previstos en la misma ley, en ocasiones se utilizan de manera restrictiva.

Un ejemplo reciente fue el caso del Grupo de Medios Panorama, que solicitó a la Superintendencia de Pensiones información sobre cuentas inactivas.

El organismo se negó a proporcionarla, pero el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso de amparo, falló a favor del medio.

Resulta contradictorio que, siendo el presidente Luis Abinader el principal vocero de su gobierno y ejemplo de transparencia, gran parte de la burocracia actúe en sentido contrario.

Lo ideal es que prevalezca una mayor fluidez y apertura en la información de interés ciudadano.

Solo así se fortalecerá el control social y el ejercicio responsable del periodismo en la República Dominicana.