Una ley para proteger lo invisible: salud mental como prioridad nacional
La salud mental ha sido durante mucho tiempo un tema ignorado en la República Dominicana. Aunque millones de ciudadanos enfrentan cuadros de ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento o sufrimiento emocional severo, el sistema de salud pública sigue careciendo de estructura, personal, presupuesto y enfoque humano para responder adecuadamente.
Se estima que más de dos millones de dominicanos presentan algún tipo de trastorno mental. Sin embargo, menos del 1 % del presupuesto nacional de salud se destina a este renglón, y en muchas provincias no hay ni siquiera un psiquiatra en el sistema público. Esa es una realidad que no podemos seguir tolerando.
En 2006 se promulgó la Ley No. 12-06 sobre Salud Mental. Fue un avance importante en su momento, al llenar un vacío legal. Sin embargo, no logró cumplir su objetivo: no transformó el modelo de atención, no recibió el respaldo presupuestario necesario y quedó desactualizada frente a los estándares internacionales.
Por eso, hemos depositado ante el Senado un Proyecto de Reforma Integral a la Ley 12-06, que busca garantizar un sistema de atención más digno, descentralizado, accesible y efectivo.
Este proyecto no es solo una actualización legal. Es una transformación estructural con medidas concretas:
• Lleva la salud mental al primer nivel de atención, con psicólogos en cada centro.
• Establece centros comunitarios de salud mental en todas las provincias, para acercar los servicios a la gente.
• Regula con precisión los internamientos involuntarios, limitando su duración y exigiendo revisión judicial.
• Obliga a las ARS y a Senasa a cubrir los servicios de salud mental, como cualquier otra condición médica.
• Establece un piso presupuestario del 5 % del gasto nacional en salud.
• Crea un Órgano de Revisión Independiente, para supervisar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los pacientes.
• Promueve campañas de prevención, educación emocional y lucha contra el estigma.
• Y reconoce la participación activa de usuarios, familiares y organizaciones sociales en la formulación de políticas públicas.
Este proyecto nace del diálogo con expertos, profesionales, familiares y personas que han vivido la realidad de la salud mental. También coincide con la voluntad del Ministerio de Salud y del Poder Ejecutivo de actualizar el marco legal en esta materia, lo cual demuestra que la salud mental ya no puede seguir siendo invisible ni secundaria.
Con esta reforma, República Dominicana puede dar un paso histórico hacia un sistema más humano y justo. La salud mental no puede seguir siendo un privilegio para quienes pueden pagarla. Debe ser, como lo establece la Constitución, un derecho garantizado para todos.
Porque proteger la salud mental es también proteger la vida, la dignidad y el futuro de nuestra nación.