El problema trasciende Haina
El caso del Centro de Procesamiento de Inmigrantes de Haina, atiborrado de chatarras, parece revelar una problemática más extendida.
Tenemos informes de que múltiples instituciones públicas acumulan chatarra y desechos sólidos en sus instalaciones.
Esta práctica no es incidental y luce que responde a un mal sistémico arraigado por años.
Los engorrosos trámites para descartar bienes inservibles parecen ser el núcleo del problema.
Bienes Nacionales, el ente responsable, maneja procedimientos burocráticos que, en lugar de agilizar soluciones, perpetúan la inacción.
La consecuencia es evidente: toneladas de material obsoleto permanecen registradas como "activos" en contabilidades públicas mientras se degradan en patios y solares.
Aunque Bienes Nacionales realiza subastas periódicas, estas excluyen sistemáticamente las chatarras.
El resultado es un limbo administrativo donde los desechos siguen contaminando espacios públicos, creando focos de riesgo sanitario.
Estas chatarras sobrecargan a las instituciones, obligadas a navegar por laberintos en Contraloría y la Cámara de Cuentas para lograr descargos.
Testimonios recogidos por este medio confirman la gravedad.
“El proceso es tedioso. Los funcionarios postergan el problema, y así pasan años con montañas de basura institucional"*, admitió un exservidor público.
Esta inercia burocrática exige una intervención inmediata, preferiblemente del propio Presidente de la República.
Ordenando una revisión urgente de los protocolos existentes para agilizar la remoción de bienes inservibles.
Una flexibilización de esos trámites, con plazos perentorios, ayudaría mucho.
Mantener chatarra en instituciones del Estado no es solo una anomalía contable: es un riesgo ambiental y de salud pública.
Romper este círculo vicioso requiere voluntad política, no más diagnósticos.