En la actual coyuntura, cuando se vuelve a plantear la necesidad de un gran pacto nacional sobre el manejo del tema migratorio, resulta imprescindible reconocer que cualquier discusión seria debe partir de la evaluación de las lecciones del pasado, de una comprensión realista de nuestra dinámica económica y de un compromiso inequívoco con la legalidad, la sostenibilidad y el interés nacional por encima de agendas partidarias.
Durante décadas, la República Dominicana ha enfrentado los desafíos que plantea la inmigración irregular, particularmente en el contexto de su histórica relación con Haití. Diversos intentos de política migratoria han mostrado resultados limitados o inconsistentes. Basta recordar la experiencia del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros de 2013, que, aunque supuso un esfuerzo importante, enfrentó varios inconvenientes, específicamente los relacionados con la ausencia de un marco político consensuado que le diera continuidad.
Asimismo, iniciativas de controles fronterizos más estrictos o programas bilaterales con Haití han naufragado o quedado en el aire por falta de acuerdos políticos internos y por no haber sido acompañados de un proceso de diálogo nacional sostenido. Sin memoria de esas experiencias, ningún nuevo pacto será efectivo. De igual manera, resulta insostenible hablar de un pacto migratorio sin reconocer la estructura económica actual de la República Dominicana. Sectores clave como la agricultura, la construcción y ciertos segmentos del turismo y los servicios dependen de una abundante mano de obra inmigrante, generalmente en condiciones de informalidad y precariedad. Evadir este hecho es condenar el pacto al autoengaño. El país necesita discutir con honestidad qué nivel de dependencia económica tiene respecto a la inmigración irregular y qué políticas se requieren para transitar hacia un modelo más ordenado, formalizado y respetuoso de los derechos laborales y humanos. No es posible exigir el control absoluto de la migración mientras buena parte del aparato productivo se beneficia del acceso a mano de obra barata y sin protección legal.
En cuanto al régimen de sanciones no se debe aceptar ningún tipo de dilación. La ciudadanía espera —y con razón— que se sancione efectivamente a aquellos empleadores, intermediarios y redes que se aprovechan económicamente de la inmigración ilegal. No puede haber un doble discurso, que por un lado se exijan medidas en la frontera, mientras que por el otro se permita que en nuestras ciudades y campos prospere la explotación laboral alimentada por la irregularidad migratoria. La impunidad en este ámbito erosiona gravemente la confianza en el Estado.
Además, cualquier plan migratorio que se impulse debe ser construido sobre una lógica de sostenibilidad. Se requiere un mecanismo de revisión constante, con participación de los sectores productivos, las organizaciones de la sociedad civil, los actores locales y bajo supervisión institucional que garantice transparencia y adaptabilidad. La migración es un fenómeno dinámico, en consecuencia, un pacto rígido o cerrado será obsoleto antes de nacer.
Finalmente, es urgente proteger este tema del uso político-electoral. La instrumentalización del tema migratorio en campañas o discursos de coyuntura ha sido, lamentablemente, una constante en nuestra historia reciente. Eso no solo polariza a la sociedad, sino que debilita cualquier intento serio de alcanzar consensos estables. Por ello, las discusiones y decisiones sobre el pacto deben estar estrictamente circunscritas al espacio acordado para el diálogo y alejadas de los calendarios electorales. La República Dominicana necesita hoy más que nunca una política migratoria que sea realista, humana, económicamente viable y políticamente sostenible. Y para ello, se requiere una discusión madura, anclada en la memoria histórica, en la comprensión de nuestras estructuras económicas y en el compromiso con el bien común, no con los intereses del momento.