Protestas viales en tiempo de reformas y promesas insatisfechas

En la búsqueda de nuevas demandas de servicios, de derechos o por abuso de poder, los ciudadanos implementan mecanismos de resistencia o reclamo como instrumentos informales para ser tomados en cuenta.

Una vez estas manifestaciones sociales son llevadas a las calles se convierten en protestas viales asumiendo los riesgos implicados para los participantes y para los demás usuarios de las vías públicas.

Las movilizaciones responden a objetivos estratégicos ya que surgirán contra-resistencia y represión de parte del sistema político, que de acuerdo a su magnitud, local o nacional, pudieran orientarse a situaciones de ingobernabilidad o inestabilidad social, política y económica.

En el ámbito dominicano, después de transcurrido cuatro años de gestión del actual gobierno sin dejar una impronta relevante para las generaciones, pretensiones parecen precipitarse queriendo implantar una cadena de reformas por alcanzar un legado histórico a como dé lugar.

Si bien desde los tiempos pre COVID-19 se inicia tanto en Europa como en Latinoamérica una ola legislativa para reajuste de los tributos, no menos cierto que tras la crisis provocada por la pandemia sanitaria, los gobiernos han anhelado realizar reformas fiscales con mira a enfrentar déficit presupuestario, convirtiéndose en práctica política en muchos países dejando mal sabor en la población.

Proceso del que República Dominicana no quedó exenta con la fracasada Reforma Constitucional de entonces.

Como producto del descontento ante las aspiraciones oficialistas de gravar los productos, bienes y servicios en los sectores de clase media y baja, surgen consecuentemente protestas viales.

De manera que se pone la movilidad humana en riesgo por demandas o promesas insatisfechas, o por el gobierno tratar de imponer al pueblo medidas consideradas injustas, tal es el caso del fallido “Proyecto de Ley de Modernización Fiscal”.

Sin vernos en el espejo de los antecedentes históricos de la región e incluyo a Europa, la República Dominicana proponía ajustes tributarios en ausencia de un diálogo nacional.

Lo ocurrido en diferentes países, como en Brasil en el 2019, donde la lucha contra las reformas y recortes en las inversiones sociales desataron la ira de los sindicatos.

En ese mismo año con la “Furia Chilena” que arrojó finalmente acuerdos para una reforma progresiva.

En Argentina, recientemente se aprobó la “Ley de Bases”. Decenas de heridos y detenidos, así como daños a vehículos y otras propiedades en protestas callejeras. Como lo ha sido actualmente en Venezuela, aunque con un corte electoral.

De forma simultánea, los ajustes anunciados por el gobierno desataron protestas escalonadas por todo el territorio ecuatoriano llevando a decretar 60 días en estado de excepción en el pasado reciente.

En el 2022, la “Gran Movilización por Colombia” marcó un hito en la historia contemporánea de las protestas viales en contra de las reformas.

En Costa Rica, por su lado, a principio de este segundo decenio surgieron varios focos de protestas viales que por falta de unificación entre los diferentes sectores no tuvieron éxito, pero si riesgos a la integridad e impacto negativo de efecto inmediato sobre la economía cotidiana.

Solo por 20 días de protesta en Panamá, el transporte internacional perdió 4,000 millones de dólares el año pasado.

En cambio, en la Unión Europea los estragos de las actividades de protestas en las vías muestran connotaciones impactantes. Destrucciones de propiedades públicas y privadas, apresamientos, víctimas; bloqueos de puertos, de cruces transfronterizos y caminos han sido características marcadas.

En España, Italia, Francia, Reino Unido, Grecia, Rumanía, Polonia, Alemania, Portugal, incluso en los Países Bajos, por mencionar algunos, muestran experiencias pocos halagadoras, protagonizadas por los agricultores y camioneros.

En el mismo tenor de las manifestaciones de protesta, un sector siempre afectado lo constituye el transporte que en todo caso trastorna el desenvolvimiento de todas las actividades productivas con los grandes congestionamientos provocados.

El transporte, un componente de preponderante participación en la cadena de suministro y en el desplazamiento de pasajeros, por lo general se suma a las protestas.

Cuando los proyectos de reforma tributaria o de cualquier tipo se presentan con un cierto grado de irracionalidad y prontitud, los resultados son fatales para la ciudadanía y de un alto costo político para los ideólogos de las propuestas porque laceran el bienestar de las personas, representando no solo una carga económica sino también una marginación en las decisiones importantes, aparentando el trazado de una ruta hacia el totalitarismo, como en el caso nuestro, matizado por pésimos servicios básicos y en infraestructuras viales, descontrol de precios, despilfarro en gastos gubernamentales, poca transparencia, etc.

La práctica de democracia participativa, tal como ocurrieron en las pruebas del 2010 y en el 2012, debieran ser ejemplos a seguir en la República Dominicana, como verdadero ejercicio democrático.

En fin, las protestas viales generan contaminación sónica y del aire, alto consumo de combustible y de tiempo perdido. Por tanto, altos costos de oportunidad en desmedro de la competitividad nacional.