Si bien el rol de la opinión pública en la política exterior de un país no es un tema nuevo, en las últimas décadas ha adquirido mayor relevancia la cuestión de cómo responden los ciudadanos a las prácticas diplomáticas de sus dirigentes (C. Romero).
Ello es así porque en los Estados democráticos los ciudadanos pueden ejercer una creciente incidencia (o, en cierto modo, presión) sobre el ejercicio formal del poder, especialmente en determinados ámbitos, entre ellos los asuntos internacionales. Por otra parte, es evidente que una opinión pública “ilustrada y convencida” concede consistencia a la acción exterior del Estado y fortalece consecuentemente su capacidad diplomática.
Conforme a una definición ampliamente aceptada, se entiende por opinión pública el juicio que tiene el público acerca de los diferentes temas de naturaleza interna y externa que impactan en la vida cotidiana de las personas. La opinión pública suele influir en la toma de decisiones sobre las políticas públicas, entre las que se encuentra la política exterior. Dado que el fin último de una política pública debe ser mejorar las condiciones de vida de la sociedad, la voz del pueblo debe ser tomada en cuenta por los gobernantes para definir las decisiones en los diversos ámbitos de la vida nacional (J. Schiavon y R. Velázquez).
Procede precisar que en la actual era del conocimiento y de la información global es y será cada vez más difícil poder ejecutar una política exterior que no se base en un determinado consenso interno y cuente con el apoyo de la opinión pública. No obstante, tal como sostiene A. Plantey: “Un gobierno que espere recibir directrices e instrucciones de la opinión pública ya no tendrá libertad para fijar sus objetivos y estrategias, como corresponde”.
Asimismo, Plantey constata que, si bien antiguamente la conducta de quienes ejercían el poder político a menudo estaba dictada por consideraciones de orden personal, actualmente es recomendable que esté acompañada de una preocupación constante por la comunicación con la población. A lo que añade: “Por supuesto no debe haber contradicción entre lo dicho y los hechos, sino más bien fidelidad a los principios que se proclaman”.
Partiendo de que “el conocimiento es uno de los elementos del poder”, una de las primeras obligaciones de los responsables de los Estados debe consistir en contar con mecanismos eficientes tanto para informarse como para poder informar oportuna y adecuadamente.
Además, para preservar el derecho a la información resulta imprescindible que los medios de comunicación puedan asumir y desarrollar su responsabilidad con plena independencia.
Por otra parte, en las últimas décadas se ha implementado y desarrollado una “novedosa” modalidad de ejecución de la diplomacia convencional, denominada “diplomacia pública”, mediante la que los Estados ejercitan estrategias para informar e “influenciar” a las audiencias extranjeras (opinión pública), a fin de crear “mayor confianza y empatía” a su favor, lo que resulta imprescindible para obtener determinados objetivos de la política exterior.
Finalmente, merece recordarse la memorable frase de Armand Jean du Plessis, Cardenal de Richelieu: “Toda decisión de un hombre de Estado requiere de la aprobación pública”.