Queremos cuentas, no cuentos

La desgracia de Juan Pablo Duarte comenzó el 12 abril de 1844, cuando tuvo la osadía de rendir cuentas sobre un dinero recibido, algo nunca bien visto por quienes asumen el presupuesto del Estado como una extensión del propio, de ahí el marcado interés de muchos políticos de que la Cámara de Cuentas (CC) no funcionara y que fueran sistemáticamente minados todos los esfuerzos dirigidos a fortalecer sus capacidades internas de auditoría, siendo relegada al vergonzoso rol de mero sello gomígrafo que cumple un trámite constitucional, con la complicidad -activa o pasiva- de la mayoría de quienes han sido miembros de su pleno a lo largo de los años.

En una jugada arriesgada, de imprevisible costo político de cara al futuro, Luis Abinader apostó por la lucha contra la impunidad como slogan de batalla y sello distintivo de su administración, de ahí que seleccionara un Ministerio Público Independiente (MP) que ha sometido a la justicia a quienes presuntamente han delinquido en perjuicio del Estado y, aunque faltan aún muchos sometimientos -del pasado y del presente-, la ciudadanía pondera y valora favorablemente la decisión del presidente y la actuación del MP.

Los escándalos de la CC del pasado están ahí, y los de la actual también; parece que al Congreso el tiro le salió por la culata y para afirmarlo basta leer titulares, artículos o escuchar las declaraciones de su presidente, las cuales motivaron una investigación de parte de la Cámara de Diputados para determinar la pertinencia de una posible acusación ante el Senado y un eventual juicio político.

Quienes apostaron a que la CC no funcionara lograron su cometido; quienes se benefician de que no salgan auditorías probatorias que sustenten procesos penales ya ganaron. A dos años de designados, los actuales miembros del pleno sólo puede mostrar en su haber cuchillos ensangrentados y chismes de patio… el cargo les quedó grande. Probablemente al Senado le toque determinar culpas e inocencias, que las hay, pero… ¿y luego qué? El proceso electoral a la vista no justifica que se mantenga en la inoperancia a un órgano indispensable para la lucha contra la corrupción.

Esta CC agotó su tiempo, su presente ya vive en el pasado. Si sortean la crisis, todo seguirá igual; si son destituidos o renuncian antes, es irrelevante, lo urgente es reformar la ley 10-04 y hacer funcional su estructura colegiada; seleccionar una nueva CC que esté a la altura del desafío institucional, dirigida por una persona inequívocamente comprometida con la lucha contra la corrupción, con atribuciones jurídicas que le permitan liderar eficientemente y con la autoridad moral para trazar un norte ético que genere confianza en la población.

Sin lugar a dudas, la sociedad merece una Cámara de Cuentas presidida por Yeni Berenice Reynoso, que rinda cuentas, no cuentos. .