Director Listín Diario denuncia discriminación en publicidad RD

CARACAS.- El director del Listín Diario, Antonio Gil, pidió la solidaridad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ante lo que calificó como un discrimen en la distribución de la publicidad oficial, en violación a lo establecido por la Declaración de Chapultepec, de la cual es signataria la Republica Dominicana. “En la Republica Dominicana se utiliza la publicidad oficial para premiar o castigar y esto afecta la estabilidad económica de los medios afectados por esa indebida práctica”, afirmó Gil ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo hemisférico. Gil pidió la palabra tras el informe sobre la situación de la libertad de prensa en el país presentado por Manuel A. Quiroz, director del diario El Caribe y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. “El informe de Quiroz es una buena panorámica de la situación de los medios de comunicación dominicanos, pero debe ser completado con este aspecto de la anómala distribución de la publicidad oficial, ya que en naciones como la nuestra esto produce muchos efectos negativos”, comentó. Al referirse a parte de la exposición de Quiroz, Gil dijo que efectivamente los periódicos y otros medios reciben con frecuencia “amenazas veladas” y elementos indirectos de coacción con la finalidad de “tratar de acallar” a la prensa libre e independiente. Luchas y sacrificios“Lo que Quiroz plantea en la parte inicial de su informe, de que disfrutamos de libertad de prensa, es una conquista que nos ha tomado muchas décadas de luchas y sacrificios en los que siempre hemos contado con el respaldo de la SIP”, dijo. Fue en ese momento cuando dirigiéndose al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, el periodista Gonzalo Marroquín, Gil apeló a la solidaridad de la SIP para que no haya ningún tipo de desigualdad en la colocación de la publicidad proveniente de las instituciones del Estado. Ayer, la República Dominicana expresó que en el país prevalece en general libertad para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero ha ido tomando cuerpo una peligrosa tendencia para tratar de someter a la prensa independiente a la autocensura cuando toca temas críticos que pueden afectar la imagen o los intereses de determinados sectores o personajes de la esfera tanto pública como privada. En un documento conjunto emitido a mediados de febrero pasado, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtieron acerca de la gravedad de esta propensión al afirmar que “existen funcionarios, grupos y personas en la sociedad que al no comprender o respetar el rol del periodista intentan limitar con sus actitudes, amenazas y agresiones dichos derechos, sin que esto implique necesariamente una línea gubernamental definida contra la libertad de expresión”. En efecto, se están produciendo situaciones en que funcionarios o ciudadanos particulares llaman a los periódicos o a medios de comunicación electrónicos, no para ejercer el derecho a réplica o hacer aclaraciones pertinentes y respetuosas, sino para proferir amenazas y en algunos casos materializarlas a través de demandas por supuestos actos de difamación e injurias. La mayoría de estas demandas son desestimadas en los tribunales, pero los procesos hacen que medios y periodistas pierdan, aunque sea momentáneamente, la debida concentración en su sagrado compromiso de informar y orientar al público sobre cuestiones de interés general, además de producir temores e inducir a la autocensura. En una exposición con la que fijó su voto disidente a una condena al periódico Listín Diario y su ex director, Miguel Franjul, el juez Francisco Ortega, quien antes de graduarse de licenciado en derecho ejercicio el periodismo, ha alertado al país sobre las negativas implicaciones que estas demandas plantean para el futuro de una prensa que debe contar siempre con independencia, amplitud de miras y no estar sujeta a restricciones que no sean las establecidas por la ley y los principios éticos.