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Ministerio Público dice estafa en Operación Nido supera los 700 millones de pesos
La decisión del juez Rigoberto Sena se basó en que este sábado se presentaron 30 nuevos querellantes, según detalló el Ministerio Público.
Fue aplazada para el martes nueve de este mes, la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los siete imputados de la Operación Nido, una red acusada de ofertar viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios.
La decisión del juez Rigoberto Sena se basó en que este sábado se presentaron 30 nuevos querellantes, según detalló el Ministerio Público. La audiencia estaba pautada para las 9:00 de la mañana, pero inició a las doce del medio día.
Los procuradores fiscales Sourelly Jáquez y Andrés Mena, representantes del Ministerio Público, declararon que con los nuevos querellantes aumenta el monto de la estafa, que supera actualmente los 700 millones de pesos.
Mena señaló que el juez Sena aplazó la audiencia para dar la oportunidad de que los nuevos querellantes sean notificadas a la defensa técnica.
Detalló que la estafa cuantificada, de acuerdo a los análisis financieros realizados, suma un monto de 700 millones de pesos, solo con los 144 querellantes registrados, lo que significa que esta cifra aumentará cuando se cuantifiquen los montos de los nuevos afectados.
Por su lado, el abogado Andrés Toribio, representante del afectado Cruz Perdomo, indicó que dentro de las motivaciones del aplazamiento es que las partes de la defensa puedan documentarse.
Al grupo que integra esta red encabezada por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados, se les acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de diferentes proyectos inmobiliarios.
El Ministerio Público, además, acusa a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (hijo), María Gabriela Rivera Pichardo (hija), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa de Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (hermana) y Juan Omar Rosario López.
Medida de coerción
La procuradora fiscal del Ministerio Público, Sourelly Jáquez, había solicitado prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.
En la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados, el Ministerio Público establece que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos.
El MP indica en el documento acusatorio, que para lograr su objetivo, la red, utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
El ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma, es propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq y fue detenido el tres de este mes luego de realizar dos interrogatorios por un equipo de fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Yeni Berenice Reynoso.
Víctimas de estafa
Algunas víctimas de este fraude inmobiliario, indicaron a la prensa que se enteraron de la venta de estos apartamentos mediante vallas publicitarias y otras plataformas digitales.
En el caso de Fernanda Sena, residente en Santo Domingo Este, detalló a Listín Diario que se vio motivada de adquirir un apartamento en ese proyecto al ver una propaganda física en la avenida España, de ese municipio.
Contó, que su hijo, residente en los Estados Unidos, le ordenó que buscará una vivienda para él comprar un espacio digno donde vivir, luego de sobrevivir a un cáncer.
La adquisición de este apartamento, supuestamente ubicado en la avenida España, se realizó en mayo del 2021, siendo alegadamente el último inmueble disponible de tres habitaciones y dos parqueos, detalló Sena.
Indicó que había depositado un inicial de cinco mil dólares, equivalente a RD$250,000 y habían establecido una cuota de 1,200 dólares mensual, equivalente a RD$69,600
Otro afectado, identificado como Félix Almánzar, compró el apartamento en planos en 2020. El objetivo de este era mudar a sus padres mayores de edad a un lugar más cómodo.
Apartó el inmueble ubicado en el sector La Isabelita, en Santo Domingo Este, con un total de RD$250,000 y en total invirtió unos 70 mil dólares, equivalente a unos 4 millones de pesos.
Contó que la Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq), empresa involucrada, incrementó el costo del inmueble bruscamente, desde 4.6 millones hasta 10 millones de pesos.
Almanzar, expresó que tiene la esperanza de que la justicia dominicana actúe y pueda recuperar el dinero invertido.
Dijo sentirse “dolido” porque no habían visto resultados hasta la fecha, a pesar de las constantes denuncias realizadas.
El joven espera que con este caso se marque un “precedente”sobre esta estafa millonaria.