Operación nido
Inicia conocimiento de medida de coerción en contra de imputados en Operación Nido
La audiencia se está desarrollando en el Cuarto Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se espera conocer la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.
Imputados de Operación Nido son trasladados a sala donde se conocerá la soliciudad de medida de coerción.
A las 12:44 de este sábado fueron trasladados a la audiencia los imputados en la Operación Nido, una red acusada de ofertar viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios.
La audiencia se está desarrollando en el Cuarto Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se espera conocer la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en contra de los siete imputados, consistente en prisión preventiva.
Al grupo que integra esta red encabezada por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados, se les acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
El Ministerio Público acusa a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (hijo), María Gabriela Rivera Pichardo (hija), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa de Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (hermana) y Juan Omar Rosario López.
El ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma es propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq y fue detenido el 3 de este mes luego de realizársele dos interrogatorios por un equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), que dirige Yeni Berenice Reynoso.
Conforme al Ministerio Público, la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, para crear el esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas.
De acuerdo con el Ministerio Público, 144 personas se han querellado ante la entidad, en contra de Rivera Ledesma.
“La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron”, dice el Ministerio Público.