Trasladan a Emmanuel Rivera y otros imputados en Operación Nido a cárcel del Palacio de Justicia
Los imputados interrogados, por segunda ocasión, por un equipo de fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Yeni Berenice Reynoso, fueron traslados bajo estricta medida de seguridad.
Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq.
El ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y demás implicados de integrar una red que supuestamente estafó con millones de pesos a personas a las que ofertan viviendas en proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas, fueron traslado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los imputados interrogados, por segunda ocasión, por un equipo de fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Yeni Berenice Reynoso, fueron traslados bajo estricta medida de seguridad.
Se espera que en las próximas horas sean conducidos al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se les conocerá la medida de coerción pedida por el Ministerio Público consistente en prisión preventiva.
Al grupo se le acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Conforme al Ministerio Público, la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, para crear el esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas.
El Ministerio Público alega que a raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellarán en su contra o retirarán las querellas ya presentadas.
Señala que también buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.