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Finjus considera candidatos independientes podrían generar desigualdades en contienda electoral
Castaño Guzmán precisó que el abordaje de la regulación de las candidaturas independientes debe partir de reglas claras que eviten la competencia desleal.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que los candidatos independientes podrían generar desigualdades en la contienda electoral, ya que estos deben estar sujetos a reglas de transparencia y control en el uso de recursos públicos y privados, evitando un trato preferencial.
Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, dijo que la integridad del proceso electoral debe ser garantizada a través de mecanismos de control y supervisión efectivos.
Indicó que las autoridades electorales deben asegurarse de que los candidatos independientes cumplan con los mismos estándares que los partidos políticos, en términos de la presentación de propuestas, la veracidad de sus plataformas y la observancia de las normativas electorales.
Entiende el jurista que se debe abocar a una amplia discusión nacional que permita el fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas y la promoción de mayores garantías para aumentar la confianza ciudadana en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Castaño Guzmán habló en esos términos en una comunicación enviada a Elías Wessin Chávez, presidente de la Comisión Especial para el Análisis de las Candidaturas Independientes.
Planteó que, si bien la disposición del Tribunal Constitucional ha suscitado un escenario complejo para mantener el reforzamiento histórico e institucional de las organizaciones políticas, lo cierto es que, dado el amplio margen partidario consagrado en la Constitución, quizás la discusión sobre la regulación de las candidaturas independientes acarrearía una inevitable reforma constitucional, que ya resultó estéril en el 2010.
Señaló que los procesos electorales son una parte fundamental de la vida democrática en la República Dominicana, lo que ha permitido el desarrollo de una cultura cívica donde los partidos, agrupaciones y movimientos políticos encarnan la garantía idónea para el correcto desarrollo de una democracia representativa y participativa en el país.
“La discusión legislativa para la regulación de esta figura genera diversos puntos que deben ser analizados cuidadosamente para producir una pieza que no pretenda incurrir en facultades no otorgadas por la propia Constitución”, enfatizó el jurista.
Destacó las dificultades normativas que se presentan para el análisis de estas candidaturas. En términos constitucionales, las reformas políticas deben ser cuidadosamente ponderadas para no alterar el equilibrio de poderes y la gobernabilidad.
Agregó que esto se evidenció en la reforma constitucional del 2010, donde la inclusión de las candidaturas independientes fue rechazada principalmente por atentar contra la fragmentación del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Precisó que el abordaje de la regulación de las candidaturas independientes debe partir de reglas claras que eviten la competencia desleal.
A tal fin, dijo, se deben establecer límites razonables en cuanto al financiamiento, la recolección de firmas de apoyo y la transparencia en las campañas.
Planteó que el derecho a ser elegible es una libertad fundamental de todos los ciudadanos. Sin embargo, debe ser equilibrado con la necesidad de preservar la estabilidad y gobernabilidad del sistema, evitando afectar la cohesión y eficacia del sistema político.
Añadió, que el sistema de partidos diseñado por la Constitución es esencial para la estabilidad democrática, ya que los partidos políticos canalizan los intereses sociales, estructuran el debate político y son responsables de la gobernabilidad.
“Por ello, la regulación de las candidaturas independientes debe contribuir a un equilibrio armonioso que no debilite el papel de los partidos. Su discusión debe contemplar que su regulación debe tomar en consideración las disposiciones constitucionales que atribuyen a los partidos su participación en áreas como las vacantes de senadores o diputados, sucesión presidencial, la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros”, apuntó.