Una obra social en riesgo de malograrse

El programa estatal diseñado para facilitar viviendas de bajo costo a las familias humildes se enfrenta a un obstáculo que amenaza con desvirtuar su propósito y dejar a miles sin el sueño de un techo propio.

El problema surge con las viviendas de un costo no mayor de 3.5 millones de pesos, las más demandadas por la población de menores recursos.

Recientemente, el encarecimiento de los préstamos, debido al aumento en las tasas de interés bancarias, ha puesto la meta de la casa propia fuera del alcance de muchos.

Esta situación ha provocado que decenas de personas ya calificadas para recibir los subsidios gubernamentales se vean obligadas a devolver los contratos que, con esperanza, habían firmado.

El motivo es claro y contundente: el incremento inesperado de las tasas, que han pasado del 8% a un 14%, hace que las cuotas sean imposibles de afrontar para estas economías familiares.

Con este solo factor, el programa estatal deja de cumplir sus objetivos fundamentales y los ciudadanos más vulnerables pierden una oportunidad única.

Ante este escenario, es imperioso buscar una salida pragmática.

Como bien ha señalado la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción (Copymecon), la solución podría pasar por una mayor flexibilidad en los criterios de evaluación.

En lugar de considerar únicamente los ingresos del solicitante principal, se debería tener en cuenta la capacidad de pago de todos los miembros de la familia que contribuyan al hogar.

Es crucial que los bancos prestatarios, actores clave en esta cadena, adopten una perspectiva más social y flexible.

No se puede permitir que una obra social de esta magnitud quede malograda por la rigidez de un sistema financiero que no se adapta a la realidad de los más humildes.