editorial
Un arresto que huele a desaparición forzada
La comunidad periodística dominicana respiró con alivio, pero no con tranquilidad, tras la reaparición del periodista Edward Ramírez (El Nuevo Diario).
Su “desaparición” de 48 horas culminó con un descubrimiento escalofriante: estuvo recluido en una celda del destacamento policial de Naco, sin que su familia y el periódico lo supieran.
Este caso no es un error aislado. Es la repetición de un patrón alarmante como lo demuestra el reciente caso del joven Abel Ricardo Santos Santos, también “desaparecido” estando en prisión.
Ciudadanos han sido reportados como desaparecidos, y sus familias sumidas en la angustia, mientras la institución que debería protegerlos los tenía incomunicados en sus propias celdas.
Las autoridades anunciaron pomposos operativos de búsqueda.
La cruel ironía es que buscaban a un hombre que ya tenían bajo llave.
¿Incompetencia o deliberado encubrimiento?
La imposibilidad de la Policía Nacional de rastrear a un detenido en sus propias instalaciones durante más de 48 horas no es un simple “fallo de procedimiento”.
Es una evidencia flagrante de un sistema podrido, donde los protocolos básicos – la orden judicial, el registro fiscal, el derecho a comunicarse con un abogado o familiares – son letra muerta.
Es la marca de un proceder arbitrario, ilegal y propio de regímenes autoritarios.
El silencio institucional durante esas horas cruciales no fue pasivo. Fue activamente cómplice de la tortura psicológica infligida al periodista, a sus seres queridos y a todo el cuerpo periodístico.
Exigimos más que explicaciones. Exigimos rendición de cuentas sobre este episodio.
¿Quién ordenó el arresto de Edward Ramírez?
¿Qué juez lo avaló y qué fiscal lo registró?
¿Quién dio la orden de mantenerlo incomunicado y por qué se ocultó su paradero a sus superiores y a la nación?
La reaparición del colega no cierra el caso. Lo abre: es la prueba viviente de una práctica policial intolerable que convierte destacamentos en centros de secuestro administrativo.
La democracia dominicana no puede permitir que sus fuerzas de seguridad actúen como una organización al margen de la ley.