Una ley que pocos conocen

ENTRE TÚ Y YO

Entre tú y yo, en este país hablamos constantemente de derechos, de legalidad y de Estado de derecho. Pero hay una realidad más incómoda: existe una ley fundamental que regula la relación entre el ciudadano y la administración pública… y que la gran mayoría simplemente no conoce.

Y cuando una ley que protege al ciudadano es desconocida, deja de ser garantía… y pasa a ser ventaja para quien administra el poder.

Desde hace más de una década contamos con la Ley 107-13, creada para garantizar transparencia, eficiencia y modernización en la administración pública. Sin embargo, sigue siendo prácticamente desconocida para la mayoría de los ciudadanos y, preocupantemente, para no pocos funcionarios.

Y ese desconocimiento no es casual. El ciudadano común no es abogado ni especialista en derecho administrativo. No tiene por qué dominar normas técnicas. Cuando una ley que regula la relación entre el Estado y la sociedad no se explica ni se difunde, la responsabilidad no es del ciudadano: es del propio Estado que la creó.

En un verdadero Estado de derecho, las leyes no son adornos jurídicos. Son instrumentos para equilibrar el poder y proteger al ciudadano frente a la arbitrariedad.

Pero hay una verdad que no admite discusión:

una ley que no se conoce no se ejerce.

Y una ley que no se ejerce… en la práctica, no existe.

Impulsada y desarrollada principalmente por el jurista Olivo Rodríguez Huertas, con respaldo técnico del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Ley 107-13 se inspira en modelos internacionales adaptados a nuestra realidad. Su propósito es claro: ordenar la relación entre el Estado y la ciudadanía bajo principios de legalidad, transparencia, eficiencia y responsabilidad.

En términos simples, esta ley obliga a la administración a actuar con reglas claras. Establece plazos para responder, exige justificar decisiones y reconoce el derecho del ciudadano a reclamar cuando el Estado incumple.

Un ejemplo cotidiano

lo ilustra.

Una ciudadana solicitó una certificación en una institución pública. El plazo legal es de 15 días. La respuesta llegó más de dos meses después, cuando la necesitaba con urgencia. Nadie explicó el retraso. Nadie asumió responsabilidad.

Ella tenía derecho a reclamar.

La ley la respaldaba.

Pero no lo sabía.

Ahí está el verdadero problema.

Cuando el ciudadano desconoce sus derechos y el funcionario no percibe consecuencias, la ley deja de ser un límite al poder… y se convierte en un simple documento.

“Una ley que nadie conoce, protege al poder.”

Bien aplicada, la Ley 107-13 garantiza decisiones transparentes, plazos definidos, derecho a defensa y sanciones frente a la negligencia. No es una norma simbólica; es un mecanismo real de equilibrio institucional.

Un Estado que no enseña las leyes que protegen al ciudadano… termina fortaleciendo, sin decirlo, la discrecionalidad del poder.

El problema no está en el contenido de la ley.

Está en su ausencia en la vida cotidiana.

Persisten la baja difusión, la capacitación insuficiente, la débil cultura de rendición de cuentas y una digitalización incompleta que ralentiza lo que debería ser ágil.

Entre tú y yo, las leyes no fracasan por lo que dicen.

Fracasan por lo que el Estado deja de explicar… y de hacer cumplir.

Tenemos la ley

Tenemos el marco jurídico.

Tenemos los principios.

Lo que aún no hemos logrado es algo más básico:

que el ciudadano sepa que esa ley existe… y que puede usarla. Porque al final, todo se reduce a esto:

Una ley que nadie conoce, protege al poder.

Una ley que el ciudadano conoce… lo protege del poder. Y entre una cosa y la otra, se define la verdadera calidad de una democracia.