Ojo con La Cuaba

El lunes, apelando a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el presidente Luis Abinader dispuso que se detenga cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan. Sus argumentos eran claros: si la población rechaza, no es viable continuarlo. Cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones el deber del gobierno es actuar con prudencia y transparencia.

Pero sorprende que ante tantas denuncias que han surgido de los comunitarios del municipio La Cuaba por la instalación de una planta de valorización de desechos sólidos en el paraje El Aguacate, el Gobierno no haya instruido ni siquiera una comisión para hablar con los residentes y tratar de hacerles entender el proyecto, que ellos continúan llamando “vertedero”.

Una de las denuncias más preocupantes es que supuestamente hay un grupo de personas que no son de esa comunidad, que marchan y mandan notas de prensa diciendo que apoyan el proyecto. Hasta se enfrentaron en una ocasión con los residentes. La pregunta es: ¿quién y por qué motivos?

La Cuaba está opuesta a este proyecto que ya tiene todos los permisos medioambientales; el presidente debe poner el ojo en esta comunidad, escuchar sus preocupaciones y tratar de llegar a algún acuerdo con ellos.