Ideas para manejar la crisis, primera parte

A inicios de marzo estalló una nueva crisis en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel bombardearon a Irán, e Irán respondió atacando zonas clave del Golfo Pérsico, una región vital para la producción y el transporte de petróleo, gas natural y fertilizantes. Se trata de un conflicto geopolítico complejo, con intereses estratégicos de gran magnitud. Sin embargo, para nosotros los dominicanos, su impacto se traduce de manera mucho más simple: una canasta familiar más cara.

El petróleo ya ronda los 100 dólares por barril y no sería descabellado pensar que pueda alcanzar los 150 dólares en algún momento del año. Al mismo tiempo, se han disparado los precios de los fertilizantes y de otros insumos agropecuarios. Y cuando aumentan los precios internacionales, tarde o temprano ese incremento se refleja en el costo de los alimentos que llegan a nuestra mesa.

Aquí está la realidad incómoda: la República Dominicana no provocó esta crisis, pero inevitablemente tendrá que asumir parte de sus consecuencias. La pregunta clave es quién paga y cómo se distribuye ese costo. Porque toda crisis, en el fondo, implica una decisión política sobre quién asume la carga. Si no se toman medidas, la factura recaerá directamente sobre la familia dominicana, especialmente sobre los más vulnerables. Pero si actuamos con inteligencia, voluntad y creatividad, es posible amortiguar el impacto.

En esta primera entrega, quiero enfocarme en propuestas concretas que permitan evitar que esta situación se traduzca en un aumento significativo en el precio de los alimentos.

La primera medida consiste en agrupar la importación de fertilizantes para realizar compras a gran escala a precios más favorables. Actualmente, el país importa de manera fragmentada, lo que reduce el poder de negociación. Si el gobierno consolida la demanda de los importadores y negocia directamente con países productores, incluyendo esquemas de acuerdos gobierno a gobierno, se pueden obtener mejores condiciones de compra.

Esto no es una idea teórica. En años recientes, países exportadores de fertilizantes como Canadá han firmado acuerdos de ventas mayoritarias a precios reducidos con ocho naciones, incluyendo Bangladesh, Indonesia y Estados Unidos. Asimismo, India, Filipinas y Kenia han adoptado mecanismos similares con otros socios comerciales. La reducción en el costo de estos insumos se traduciría directamente en menores costos de producción para rubros como arroz, habichuelas, víveres, vegetales y frutas, contribuyendo así a estabilizar el precio de los alimentos.

La segunda medida sigue la misma lógica: realizar importaciones masivas de cereales mediante acuerdos de compras gubernamentales, con el objetivo de reducir el costo del trigo, maíz, soya y sorgo, insumos clave tanto para la producción de carnes como para la elaboración de alimentos industrializados. La experiencia internacional vuelve a ser ilustrativa. Egipto, por ejemplo, logró que el 75% de sus importaciones de trigo en 2024 se realizaran bajo acuerdos gobierno a gobierno con precios preferenciales, mientras que Bangladesh e Indonesia han seguido estrategias similares.

A esto se suma un elemento adicional que muchas veces pasa desapercibido: la logística. Al manejar mayores volúmenes de compra, el país podría contratar transporte marítimo utilizando embarcaciones más grandes y eficientes, lo que reduce el costo por tonelada transportada. En la actualidad se emplean barcos más pequeños, como los Handysize y Handymax, pero al consolidar las adquisiciones sería posible migrar a embarcaciones de mayor capacidad, como los Supramax. Esto es perfectamente viable, considerando que los principales suplidores de cereales —Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil— operan mayormente con buques de gran tamaño en sus exportaciones de granos.

La tercera propuesta consiste en devolver los impuestos que pagan los productores agropecuarios y los transportistas de alimentos en sus compras de combustible, sobre todo el diésel. Esta medida permitiría reducir costos a lo largo de toda la cadena productiva, desde la preparación de la tierra y la cosecha mecanizada hasta el transporte desde las fincas hacia los mercados urbanos. Además, puede implementarse de manera transparente mediante reembolsos contra facturas a productores y transportistas registrados en el sistema del Ministerio de Agricultura, lo que también incentivaría la formalización del sector.

Este tipo de esquema ya ha sido implementado en países como España y Francia. En el caso español, se devuelve aproximadamente 20 centavos de euro por litro de diésel a los productores, contribuyendo a aliviar sus costos operativos.

La cuarta medida sería activar un programa de siembra de emergencia de cultivos de ciclo corto, algo que ya se ha realizado anteriormente en nuestro país. En años anteriores, luego de un fenómeno atmosférico, los presidentes ordenaban la ejecución de este tipo de programas, siendo posiblemente el más exitoso el caso de 1979 con Antonio Guzmán de presidente e Hipólito Mejía de secretario de agricultura. En los gobiernos de Joaquín Balaguer y Danilo Medina, el apoyo a producción de cultivos de ciclo corto fue permanente, lo que ayudó a contener las presiones inflacionarias de los alimentos.

Ahora bien, más allá de cada una de estas medidas, hay un elemento aún más importante: la coordinación nacional. El gobierno debería convocar una cumbre donde participen partidos políticos, productores, transportistas y distintos sectores sociales. Un espacio con pocas fotos y muchas propuestas, donde no se busque protagonismo ni beneficio político, sino el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país.

Y es que en momentos como este, la nación necesita menos ruido y más responsabilidad. Ojalá esta crisis nos encuentre con un liderazgo maduro, que vea en cada desafío una oportunidad para proponer, y no para lograr provecho mediático. Y ojalá también encuentre a un gobierno lo suficientemente humilde para escuchar, corregir y sumar.

Porque al final, cuando el mundo se complica, los países no se miden por las crisis que enfrentan, sino por la capacidad de su liderazgo para proteger a su gente. Y en este momento, esa responsabilidad tiene un nombre muy claro: cuidar el costo de la comida de los dominicanos. Si fallamos ahí, fallamos en lo esencial. Pero si actuamos con decisión y sentido de país, esta crisis no será recordada por sus consecuencias, sino por cómo supimos enfrentarlas juntos.