Aduanas, acero y contrabando

Desde antes de ser patria el contrabando nos acecha. Desde el mismo 27 de febrero de 1844, las aduanas fueron la espina dorsal de la economía… hasta el otro día.

El proceso de modernización iniciado en 2020 abrevó de los esfuerzos anteriores desplegados por las pasadas administraciones, pero su director –Eduardo Sanz Lovatón (Yayo)– entendió que había que enfrentar los desafíos del futuro con nuevos marcos normativos (Ley 168-21, Reglamento 755-22, normas supletorias, etc.); a la par que se desplegaron esfuerzos para fortalecer la capacidad interna de la institución, no sólo a nivel de recursos humanos; también equipos, tecnología, plataformas, protocolos, inteligencia aduanera.

Los intentos de contrabando siguen siendo un problema, porque esa intención de evasión es consustancial a la naturaleza humana. Por ejemplo, a diario vemos informaciones sobre decomisos de cigarrillos, electrodomésticos, ropa y mercancía variada. Lo que corresponde es fortalecer la capacidad de respuesta; reforzar mecanismos de prevención, vigilancia, supervisión, detección y sanción.

Los resultados están ahí, y el trabajo no parará, pues las capacidades institucionales existen, y el compromiso político de impulsarlo, también.

El pasado lunes 11, la Asociación Dominicana del Acero (ADOACERO) “reconoció la labor de la DGA por las medidas adoptadas para combatir el contrabando de varillas y las prácticas de dumping que por años han distorsionado la competencia en el sector siderúrgico nacional”.

Este reconocimiento constituye un endoso a las acciones de fiscalización desplegadas desde la DGA, de cara a garantizar el cumplimiento de la norma técnica RDT 458 “que regula la calidad del acero utilizado en la construcción”, con todo lo que ello representa en garantizar que el acero utilizado en el país cumpla con los más altos estándares estructurales, elevando con ello los niveles de calidad y seguridad en la construcción.

Asimismo, el reconocimiento a la DGA es también un llamado de alerta de los desafíos que tenemos por delante; no sólo nuestro sector industrial acerero –responsable de la creación de miles de empleos directos e indirectos–, que genera valor a la economía y contribuye a su crecimiento, sino, todo el país.

Y es que el libre comercio no supone la competencia desleal a la que es sometida la ADOACERO, todo lo contrario. El contrabando es posible cuando la autoridad lo facilita o se muestra indiferente, que no es el caso. El dumping opera cuando el Estado no ejerce medidas de salvaguardas para proteger la paridad competitiva entre la industria nacional, y una importación depredadora que se sostiene con subsidios en el país de origen, que no es el caso.

El deber del Estado es proteger la industria nacional, y crear las condiciones para que sea competitiva y pueda liberar todo su potencial de creación de riqueza, empleo y crecimiento, garantizando estándares de calidad y seguridad.

En el caso del acero, al impedir las importaciones irregulares y aplicar las disposiciones antidumpig correspondientes, la DGA reitera el compromiso del gobierno de cumplir con ese deber. ¡Enhorabuena!