Políticas mafiosas

Debemos entender cómo la acción delictiva cohabita en las actividades productivas dentro de una sociedad regida por un marco legal constituido. La entronización de agentes mafiosos en la actividad económica de los estados es parte de una cuota de poder, que se agencia con la complicidad de actores mafiosos tras los mismos intereses de supremacía del poder político. Los estados frágiles no son los únicos objetivos geopolíticos de las mafias. Los procesos de autonomía y descentralización que implican transferencias del poder estatal a organizaciones políticas también interesan al crimen organizado. Una mafia es un estado paralelo que actúa en la sombra en contra de un gobierno legítimo con normas, jueces, policías, impuestos, políticos e ideología. Sus reglas y sistema normativo son creados para combatir al Estado oficial. En ese orden, debemos asumir que los valores cívico-nacionalistas que implican el sagrado e innegociable principio de soberanía, son también atacados por la conspiración mafiosa. Tenemos que prevenir que las mafias se aprovechen de la heterogeneidad de las legislaciones nacionales en materia de represión penal, para así poder combatir dentro de nuestro territorio estas empresas multinacionales del crimen. En los estamentos judiciales y legislativos pululan representantes genuinos de estas mafias; ahí nos explicamos tanta permisividad a los actores delincuenciales sellados de impunidad, que actúan en una sociedad carente de procesos ejemplarizantes en la aplicación de las leyes constituidas para sanear las instituciones. Debemos abocarnos a mejorar la seguridad ciudadana afectada por el crimen organizado y enfrentar con el irrestricto cumplimiento de la ley todo lo que salga de su incumplimiento.