La provocación del Río Masacre

Haití ha reanudado el conflicto que genera la canalización del Río Masacre, lo que representa una grave violación del Tratado de Paz de 1939 que regula y delimita el uso de las aguas de este río binacional que en nuestro territorio es el Río Dajabón.

El presidente Abinader ha sido firme expresando que República Dominicana no va a aceptar esta evidente provocación y agresión desde el territorio haitiano.

Según se ha informado lo que queda de gobierno en Haití no ha autorizado la obra de canalización que es llevada a cabo por grupos privados relacionados a ex Senador haitiano de mucho por en la Región.

Para la República Dominicana desde el punto de vista del Derecho Internacional y del tratado de paz es indiferente que lo estén construyendo particulares, puesto que es el Estado haitiano el que está obligado a detener esa obra, ya que es el único responsable frente a la República Dominicana.

De persistir la construcción de dicho canal, el gobierno dominicano debe dar una respuesta contundente, haciendo uso de los mecanismos que prevé el Convenio con Haití que está siendo irrespetado y el derecho internacional.

Cómo está he sugerido en mis cuentas de redes sociales se debe tener preparada una respuesta de hecho, a parte de la jurídica, que consistiría en canalizar nosotros en nuestros territorio las aguas del Río Dajabón antes de llegar a territorio haitiano. Esto sería un acto de legítima defensa hasta tanto los mecanismos de resolver dicho conflictos en el plano internacional sean agotados.

No tengo dudas de que detrás de la provocación de la canalización del Río Masacre hay sectores de Haití que quieren atizar confrontación con el pueblo dominicano, que pretenden que suframos una humillación con un ultraje a la dignidad nacional.

El momento frente a este tema requiere ante todo mucha firmeza y serenidad de las autoridades dominicanas que encabeza el presidente y, sobretodo, una gran unidad nacional por encima de cualquier diferencia partidarista.

De nuestro lado está la razón, el derecho y la legitimidad que nos da la defensa de los intereses supremos de la República.