Defensa de Antonio Espaillat denuncia trabas del Ministerio Público en peritaje

La defensa del empresario Antonio Espaillat y la entidad Inversiones EY L, S.R.L. presentó una solicitud formal ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que se resuelvan una serie de impedimentos y "obstáculos" atribuidos al Ministerio Público, los cuales han forzado la paralización de los trabajos periciales tras el colapso ocurrido en la discoteca Jet Set.

De acuerdo con el documento depositado el pasado 22 de abril, por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez, los peritos designados para la investigación técnica se han visto imposibilitados de continuar sus labores debido a la falta de respuesta y a la negativa de las autoridades ante requerimientos básicos de seguridad y logística.

Un drone retenido y falta de espacio

Entre los puntos más críticos señalados en la instancia, se encuentra la retención de un equipo de drone por parte de la Dirección General de Aduanas.

Los expertos aseguran que este equipo es vital para los levantamientos topográficos y estructurales, pero su liberación depende de una carta de "no objeción" de la Procuraduría General de la República, trámite que, a ocho días de ser solicitado, no ha recibido respuesta.

Asimismo, la defensa denunció que el área asignada en la Feria Ganadera para el manejo de evidencias es insuficiente.

Pese a que se solicitó formalmente ampliar el espacio y cercar el perímetro con mallas que permitan la visibilidad pero garanticen la seguridad del material y el personal, el Ministerio Público ha guardado silencio.

Riesgo de muerte para el personal

La situación de mayor tensión radica en la seguridad física de los técnicos. Los peritos informaron que existen escombros y vigas colgantes que representan un "riesgo real para la integridad del personal".

Aunque el 15 de abril se presentó un plan detallado para apuntalar la estructura y desmontar las piezas peligrosas utilizando grúas y plataformas, el Ministerio Público notificó el 22 de abril que no autoriza dichas labores.

Esta negativa ha obligado a los ingenieros José M. Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso Ibarreta a detener los trabajos de campo, alegando que no pueden laborar bajo condiciones que ponen en peligro sus vidas.

"Pruebas ocultas" en Santiago

Otro de los reclamos de la defensa es la supuesta falta de transparencia respecto a materiales trasladados fuera de la capital.

La instancia señala que han pasado 16 días desde que se solicitó acceso a los escombros y vigas trasladados a Santiago de los Caballeros, sin que hasta la fecha el Ministerio Público haya indicado el lugar exacto de su ubicación ni permitido su inspección.

Pedido al Tribunal

Amparados en el artículo 215 del Código Procesal Penal, que faculta al juez a resolver controversias durante la ejecución de un peritaje, los abogados solicitan al tribunal, ordenar al Ministerio Público revelar la ubicación de las pruebas en Santiago y permitir el acceso inmediato.

Igualmente, autorizar el uso de grúas y equipos pesados para estabilizar la zona de desastre y eliminar los riesgos de caída de escombros, así como permitir el cercado perimetral de las áreas de trabajo para evitar la manipulación de evidencias por parte de terceros.