Justicia
Ratifican prisión preventiva a Donald Guerrero
Fijo audiencia para diciembre
Wilson Camacho luego de salir de la audiencia
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este lunes la prisión preventiva que fue impuesta como medida de coerción contra el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, uno de los principales imputados por el Ministerio Público en el denominado caso Calamar.
La magistrada Padilla rechazó los pedimentos de la defensa y fijó audiencia para el próximo lunes 11 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.
A su salida del Tribunal, Wilson Camacho, representante del órgano persecutor sostuvo que fueron aportados 18 presupuestos, entre los que se encuentra un interrogatorio que da cuenta de las maniobras que realizaba Guerrero desde el ministerio de Hacienda para el pago fraudulento de las expropiaciones.
Camacho indicó que el Ministerio Público depositó ocho nuevos querellantes que se han adherido en el proceso judicial, así como también fueron dispuestas ante el tribunal las maniobras realizadas por Guerrero Ortiz para manipular el sistema de justicia dominicano con acciones que se han realizado a través de la contratación de un lobista, asegurando que el imputado pretende presionar la justicia dominicana.
“Con esta decisión, el sistema de justicia dominicano le ha dicho a Ángel Donald Guerrero Ortiz, que no se dejará chantajear de él y que las decisiones que habrán de tomar, se harán con base en derecho”, afirmó el abogado.
En el expediente de solicitud de medida de coerción el Ministerio Público indica que la red del caso
Jueza decide dejar a Donald Guerrero en prisión
Calamar utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como, la compra de inmuebles con sobrecosto.
Además, el organismo asegura que desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, Dirección de Presupuesto y otras instituciones del sector diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.