Un robo público intolerable

Desde junio pasado, la sociedad permanece en estupor ante las investigaciones periodísticas que revelan cómo el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha sido víctima de un robo descarado.

Una vez expuesto el hurto, el gobierno abrió una investigación y solicitó a Nuria Piera que aportara los datos de la indagatoria que destapó el escándalo.

Por el contenido de la solicitud de medidas de coerción contra los principales funcionarios de Senasa, el Ministerio Público parece haber hallado evidencias de un desfalco cuantioso, orquestado desde dentro.

Con el director y sus asistentes clave ya detenidos, la sociedad espera —y exige— que este caso se convierta en un ejemplo de actuación judicial firme, que siga el debido proceso y siente jurisprudencia.

Con el Caso Odebrecht, la sociedad dominicana demostró una clara condena moral y política hacia los funcionarios y legisladores que aceptaron sobornos a cambio de obras.

El Ministerio Público, con altas y bajas, abrió expedientes acusatorios, y durante años fuimos testigos del desfile de sobornados a la espera de justicia.

El resultado judicial fue lastimoso y constató que el país había sido defraudado.

En el Caso Senasa, donde se habla de un robo de más de  15,000 millones de pesos, ejecutado presuntamente por funcionarios designados por el jefe del Estado, no pueden permitirse subterfugios legales que permitan escapar de una condena ejemplar.

Un país con graves carencias en sus servicios de salud públicos no puede limitarse a ser espectador del juicio a los estafadores del erario, como si se tratara de una telenovela.

El trabajo de fiscales y jueces en busca de justicia debe contar, en todo momento, con una sociedad activa y vigilante, para evitar que la protección política o el olvido mermen la severidad de la condena.

Que sirva de escarmiento y advertencia: los funcionarios que crean que pueden robar impunemente al Estado serán descubiertos, enjuiciados y —de probarse su culpabilidad— condenados.