¡Respeto a la Constitución y a las leyes!
No existe justificación alguna para que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) continúe violando la Ley 63-17 que lo crea y que dispone la expedición y renovación de licencias de conducir por cuatro años.
De forma administrativa y contradiciendo las disposiciones precisas de esa ley, el Intrant tiene meses reduciendo a dos años la expedición y renovación de la licencia para personas de 65 años en adelante.
Para cometer esa arbitrariedad y esa agresión contra los conductores que sobrepasan los 65 años, el Intrant se ampara en un “reglamento”, que al ser contrario a la ley y a la Constitución, es nulo e inaplicable.
La licencia de conducir se otorga a las personas que la solicitan, están aptas y demuestran salud y capacidad, con una duración de cuatro años, al igual que la renovación.
Cuando la situación fue expuesta explícitamente por Listín Diario, en octubre pasado, el presidente Luis Abinader admitió que renovar la licencia por solo dos años a los mayores de 65 años era una irregularidad que se iba a corregir en los próximos días.
Cuatro meses después el Intrant sigue entregando el documento con vigencia limitada, burlando su propia ley y colocándose de espaldas al Artículo 39 de la Constitución.
Ese dictado constitucional reza muy claro que todas las personas son iguales ante la ley y no pueden ser discriminadas por instituciones y autoridades del goce de sus derechos por razones de edad, raza, género, color o discapacidad.
La ley y la Constitución no son sugerencias para que las cumplan tontos o desprotegidos, sino un régimen de igualdad para ser respetado por todos y que las últimas que deben violentar son las autoridades.
El respeto al estado de derecho es un pilar fundamental para vivir en democracia y ningún funcionario que se respete puede considerarse protegido por el gobierno para vulnerarlo.
Ya lo hemos dicho claramente: el Intrant no puede violar la ley que lo crea para perjudicar a ciudadanos en plenos derechos, y mucho menos, burlarse de la Constitución.
El presidente Abinader no debe permitirlo porque el mundo observa cómo se respetan las leyes del juego en un país que vive esencialmente de turismo, remesas e inversión extranjera.
¡Cierren ya ese capítulo odioso que vulnera derechos y expone al país a burlas!