Una tragedia importada

Las élites haitianas que controlan la política y la economía de ese país son las principales responsables del caos prevaleciente allí.

Han actuado como fuerzas desestabilizadoras desde antes del magnicidio del presidente Jovenel Moise.

Y así lo han demostrado, a posteriori, financiando y sosteniendo los grupos de civiles armados que hoy se disputan el poder mediante la violencia sangrienta y la parálisis general del país.

Esta es una de las razones por las que Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana han aplicado sanciones de distintos tipos contra notorios representantes de esas élites, ante las evidencias de sus actos conspirativos.

Intencionalmente, esas élites se han confabulado para hundir a un país al que ya venían estrangulando con la explotación de sus riquezas, estimulando de hecho una masiva inmigración ilegal de ciudadanos que huyen de la miseria, los secuestros, los asesinatos y la violencia de las pandillas armadas por ellas.

De paso, han obligado a la República Dominicana a cargar con una tragedia importada de insospechables consecuencias, que hacen mella en los principales servicios asistenciales públicos y en la propia economía.

Los costos cuantificables de una absorción de la diáspora haitiana en nuestro territorio, que incluyen inversiones millonarias de emergencia para dotar a las fuerzas armadas de armamentos y municiones y sostener la custodia de la frontera, ilustran el alcance de esta tragedia importada.

Teniendo claro que sin una solución de fuerza externa no se logrará romper de cuajo el esquema de inestabilidad y ambición de poder de las élites y sus pandillas, hará falta que la República Dominicana endurezca más sus respuestas preventivas a esa crisis.

Como las sanciones por sí mismas no han podido frenar el creciente deterioro de la situación, que cada día adquiere perfiles de crisis humanitaria, el país tiene que apretar sus torniquetes legales y constitucionales para defenderse del peligro.

Procede cerrar la frontera terrestre y solo permitir el tráfico aéreo y marítimo para carga y pasajeros por 60 días y detener la concesión de visas que no sean estricta y comprobablemente humanitarias o de protección a perseguidos políticos.

Paralelamente el gobierno debe esmerar su labor de inteligencia para detectar células terroristas haitianas que usan nuestro territorio como campo de profundidad para sus abastecimientos, sus retaguardias y sus fuentes económicas de sustentación.

Aparte de que está en juego la soberanía y la seguridad nacional ante las fórmulas que otras naciones barajan para esquivar una accion directa en la crisis, como ha pedido la ONU, pretendiendo que nuestro país pague los platos rotos, no valen posturas timoratas ni suaves ante semejante peligro.

Ya sonó la hora de hacer sentir con firmeza y con decisiones duras la voluntad nacional de proteger nuestra propia seguridad y estabilidad económica, desalentando todo plan que promueva la “solución dominicana” de una tragedia que no provocamos, pero que la estamos sintiendo en carne viva.