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Economía cita cinco retos de reformas que enfrenta el país para un crecimiento más sostenido

El Ministerio de Economía presentó estos retos en su balance económico preliminar del primer trimestre de este año

Hoy inicia el nuevo año escolar con la convocatoria de 2,604,449 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario del sector público.

La educación es el desafío más importante que enfrenta el país.jorge Martínez/LD.

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​Santo Domingo, RD

Ante la inminente presentación de una reforma fiscal integral, República Dominicana se encuentra en un momento decisivo de cara al futuro. De acuerdo con el Ministerio de Economía, para que el país pueda convertir “crecimiento” en “calidad de vida” para la sociedad, primero “debe derribar un número importante de barreras estructurales”.

Esas trabas tienen que ver con las restricciones de capital humano, la limitada competitividad de la economía en sectores más intensivos en conocimientos y tecnología, la insuficiencia fiscal, la insostenibilidad financiera del sector eléctrico, los bajos salarios, la limitada protección que ofrece la seguridad social, y “una serie de arreglos y capacidades institucionales que limitan las transformaciones y la modernización productiva”.

Así lo indicó este martes el Ministerio de Economía en su balance económico preliminar del primer trimestre de este año y desafíos de desarrollo de largo plazo. En ese informe, de ocho páginas, la institución presentó cinco desafíos a los que se enfrenta el país para lograr un crecimiento más sostenido e inclusivo.

Educación, el reto más importante

La transformación del aula en un espacio efectivo de enseñanza y aprendizaje “es probablemente el desafío más importante que enfrenta el país”, señaló Economía.

El problema se lo atribuyó a las limitadas habilidades humanas, al indicar que “es la restricción más severa para el desarrollo y bienestar a la que nos enfrentamos”.

“Esto está restringiendo severamente las capacidades de las empresas para crecer y volverse más productivas; las del Estado para ofrecer servicios de más calidad y de forma eficiente; y la de las instituciones civiles para esos mismo fines”, reconoció la institución.

Otra de las consecuencias, ante ese panorama, es que el país se ha visto impedido de tener una economía de salarios más altos y empleos de mayor calidad.

Para hacerle frente a estas limitaciones, Economía apuntó que es indispensable invertir “mucho más” en formación docente, generar incentivos, penalidades y supervisión efectiva de maestros, así como lograr una revisión curricular continua, que se adapte a los cambios ante los nuevos conocimientos.

También, orientar más estratégicamente los programas de educación secundaria, técnica y universitaria, pero, sobre todo, que la ciudadanía asuma las demandas de una educación de calidad “como el gran objetivo de estos tiempos”.

Sistema fiscal

Al calificarlo como “insuficiente”, Economía indicó que el sistema fiscal necesita ser enfrentado, tanto por el lado de los gastos como por el de los ingresos.

“Sin capacidad fiscal, las tan demandadas calidad y cantidad de servicios públicos e infraestructura no podrán ser enfrentadas con efectividad”, explicó.

Pero, para lograr un cambio en ese sistema, el Gobierno debe hacer evaluaciones “rigurosas” y continuas de programas y proyectos que permitan tomar decisiones.

En el informe, además se habla de “repensar las estructuras institucionales del Estado”. Es decir, buscar una eficiencia a través de las fusiones, separaciones, especializaciones, traspaso o delimitación más clara de algunas funciones del Estado.

Economía también se refirió al incremento de los ingresos. “Es ineludible”, subrayó, al tiempo de explicar que esto supone tanto una expansión de la base tributaria como una racionalización de los incentivos que se otorgan a los sectores productivos.

Se debe robustecer la administración tributaria, para que logre reducir el incumplimiento de los contribuyentes, y que el Estado realice un esfuerzo, a través de incentivos y controles, para aumentar el número de pequeñas empresas que tributan o sirvan de agentes de retención.

Distribución de energía

Mucho se ha hablado de la reforma del sector eléctrico. Para este año, el Gobierno ha presupuestado transferir al sector RD$86,845 millones.

En el boletín, Economía afirmó que reformar la gestión en la distribución de energía para incrementar las cobranzas y transitar hacia la “sostenibilidad financiera” de la distribución energética “representaría un notable alivio para las finanzas públicas, debido al peso que representa el subsidio público”.

“Además, contribuiría a un uso más eficiente de energía y comercialización, una gestión renovada y mucho más efectiva de las empresas distribuidoras y reestructuración y ajustes tarifarios”, explicó.

Código de Trabajo y ajustes salariales

En 1992, hace ya 32 años, fue aprobado el Código de Trabajo mediante la Ley 16-92. Un año después, en 1993, se aplicó con el Reglamento 258-93.

Tras tres décadas de su implementación, Economía reconoció que el Código Laboral “requiere ser modernizado”, adaptándolo a las nuevas realidades de las relaciones laborales y fortaleciendo los mecanismos de protección de trabajadores, “cuyos derechos no están adecuadamente resguardados en la actualidad”.

“La reforma laboral y los mecanismos de ajustes salariales es otra de las reformas relevantes”, indicó la entidad.

Economía se refirió a la cesantía, señalando que esa ha sido “la pieza de la discordia”, que “ha amenazado con convertirse en rehén en la negociación” entre las partes involucradas.

Seguridad social

El sistema de la seguridad social está incluido entre los retos de las inminentes reformas, de acuerdo con el informe.

“También merece ser reformado para aumentar la cobertura de servicios y medicamentos, reducir el gasto directo de los hogares de salud e incrementar las pensiones esperadas”, explicó la institución.

Para ello, el Estado debe impulsar el primer nivel de atención en salud, incrementar el financiamiento tanto público como privado, así como de mayor capacidad regulatoria del Estado en la cantidad y calidad de los servicios provistos por proveedores públicos y privados.