San Juan: el derecho a decir no

El movimiento social contra la minería en San Juan ha logrado algo poco común en el ecosistema dominicano: articular una narrativa coherente, emocionalmente potente y estratégicamente amplificada. Ha instalado con eficacia la idea de un territorio que debe defenderse, de un paraíso amenazado y de una identidad productiva que corre peligro. En lo esencial, hay un principio incuestionable: el pueblo sanjuanero tiene pleno derecho a decidir su destino.

Ese derecho incluye incluso la posibilidad de tomar decisiones económicamente costosas. Las comunidades no están obligadas a maximizar rentabilidad; pueden priorizar valores, identidad y sostenibilidad. Pero ese mismo derecho no exime de una responsabilidad crítica: decidir sobre la base de la realidad, no de una narrativa idealizada. Y ahí es donde el debate comienza a distorsionarse.

Durante décadas, San Juan ha sido definido como “El Granero del Sur”, una etiqueta que ha mutado de descriptor productivo a mito político. Los datos disponibles muestran una provincia marcada por profundas brechas estructurales. San Juan ocupa la posición 27 de 32 provincias en el Índice de Desarrollo Humano, con rezagos persistentes en salud, ingresos y calidad de vida. La pobreza rural alcanza un 21.6 %, significativamente por encima del promedio urbano, reflejando una transmisión incompleta del crecimiento económico hacia el campo.

Más aún, el mercado laboral evidencia una economía de baja densidad productiva. La tasa de participación es apenas de 40.1 %, muy por debajo del promedio nacional y el tejido empresarial está dominado por microempresas, con apenas tres compañías de gran escala en todo el municipio cabecera. Esto no es la radiografía de un sistema productivo robusto; es la de una economía frágil, fragmentada y con limitada capacidad de generación de valor.

El mito se desvanece aún más al observar la base agrícola que sustenta esa identidad. El modelo tradicional ha mostrado vulnerabilidades severas. En el ciclo 2024-2025, la producción de habichuelas, uno de los pilares históricos, colapsó en un 70 % debido a plagas y sequías, pasando de 40,000 a 7,000 quintales. Este no es un episodio aislado, sino la manifestación de un sistema expuesto a choques climáticos, baja tecnificación y limitada diversificación.

En ese contexto, la idea de un “paraíso productivo” que solo requiere ser protegido no resiste contraste empírico. Lo que existe es un territorio con potencial, pero atrapado en una transición incompleta y dependiente, sobre todo del Estado. La sostenibilidad actual de San Juan no se explica sin una intervención pública masiva. El proceso de reconversión productiva, la inversión en infraestructura hídrica, caminos rurales, subsidios agrícolas y financiamiento han sido determinantes para evitar un deterioro mayor. A nivel nacional, se han destinado más de RD$115,000 millones en inversión pública con énfasis en territorios rezagados como San Juan. A esto se suman renegociaciones de deuda agrícola, subsidios directos y programas de diversificación que buscan reconstruir la base económica local.

Este dato es crucial porque redefine el debate. La alternativa a la minería no es un modelo autónomo y consolidado, sino uno en construcción, altamente subsidiado y todavía incierto. En un contexto de restricción fiscal, presente y proyectado, la pregunta deja de ser ideológica y se vuelve operativa: ¿Es viable sostener ese esfuerzo en el tiempo sin nuevas fuentes de dinamismo económico?

El movimiento social ha sido eficaz en construir un marco emocional, con las etiquetas agua, vida, territorio, frente a una discusión que requiere también un marco económico. Ha logrado, además, una “espontaneidad coordinada” en redes sociales que amplifica su legitimidad. Pero su debilidad radica en lo que no dice: no existe aún una propuesta estructurada y viable que sustituya el potencial impacto económico de la actividad que se rechaza. Esto no invalida su posición. La fortalece, si se asume con rigor. El problema es que el debate está arrabalizado.

En realidad, el verdadero riesgo para San Juan no es rechazar la minería. Es hacerlo sin un proyecto alternativo robusto. Es sustituir una amenaza potencial por una continuidad segura del estancamiento. Es defender el territorio sin transformar su base productiva. Y aquí, a mi juicio, emerge una oportunidad. La misma capacidad de articulación social que hoy se moviliza contra la minería podría convertirse en el motor de una agenda de transformación real: industrialización agrícola, encadenamientos productivos, tecnificación del riego, desarrollo de agroindustrias, atracción de inversión privada en sectores sostenibles, formación técnica alineada al nuevo modelo económico.

El propio Plan San Juan apunta en esa dirección, con iniciativas de diversificación hacia cultivos de mayor valor, industrialización del tabaco y expansión de exportaciones. Pero estos esfuerzos requieren escala, continuidad y, sobre todo, presión social organizada que los convierta en prioridad política sostenida. San Juan tiene derecho a decir no. Pero ese no solo tiene sentido si está acompañado de un sí claro: sí a un nuevo modelo productivo, sí a una transformación estructural, sí a romper definitivamente con la inercia histórica. De lo contrario, la decisión no será una defensa del territorio, sino una prolongación de sus limitaciones. Y ese es un costo que, al final, no paga el discurso populista. Lo paga la gente.