Caos vial: entre hacer lo correcto y pagar el costo político

La anarquía generalizada en el tránsito, particularmente notoria en la ciudad de Santo Domingo, retrata una peligrosa realidad que enfrentamos todos los días los ciudadanos que cumplen con sus deberes y responsabilidades. La situación ha dejado de ser un simple problema de movilidad o de nuestra imagen de educación social, para convertirse en un reflejo profundo de nuestras debilidades institucionales, culturales y políticas. No se trata únicamente de tapones, imprudencias o accidentes, en esencia, es una radiografía del gobierno y de su incapacidad para imponer el imperio de la Ley.

El caso del chófer del camión recolector de basura en Santiago, que fue perseguido por una turba enardecida de motoristas y asesinado a mansalva, sin importar su clamor de auxilio –no importa el motivo– fue la gota que rebosó el vaso social, que motivó a la ciudadanía a elevar un exhaustivo clamor de desesperación, porque se ve en el mismo espejo de tan ignominioso suceso, y les puede suceder mañana.

En el 2025, el parque vehicular nacional ascendía a 6,640,871 unidades, de las cuales 3,846,694 son motores (57.9%), y según datos del INTRANT (2018), más de un millón circulaba sin placa, si proyectamos este dato, fueran 1.6 millones de motores sin placa; no es una cifra oficial, pero resulta una traspolación razonable. La Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradoras (CODOAR) ha advertido que unos 3.5 millones de motores transitan sin seguro.

El meollo del problema de la ecuación de la seguridad vial, son los motoristas, y con cada semáforo irrespetado sin casco protector, en cada giro prohibido o transitar en vía contraria y por las aceras, desafiando la lógica del orden vial, expresa algo más peligroso, como es la “NORMALIZACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO Y LA VERGONZOZA DEGRADACIÓN DE LA AUTORIDAD.”

Las soluciones existen.

Lo preocupante no es la falta de diagnósticos. Las autoridades saben con precisión, qué debe hacerse ante este problema, puesto que la seguridad vial es parte integral de las políticas de “Seguridad Ciudadana”, que están identificadas y discutidas durante años en los ámbitos técnicos y gubernamentales.

Fortalecer la aplicación de la ley, reorganizar el transporte público, regular el uso de motocicletas, educar de manera sostenida a la ciudadanía e invertir en sistemas de transporte masivo como el Metro de Santo Domingo son medidas que no requieren descubrimientos extraordinarios, sino de voluntad política.

En tal sentido, instituciones como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) han intentado avanzar en esa dirección, pero sus esfuerzos chocan con una barrera recurrente, el “costo político de hacer lo correcto”.

Miedo a la impopularidad

Sin dudas, que ordenar el tránsito implica tomar decisiones difíciles, es decir, significa multar con rigor, retirar privilegios informales, enfrentar sindicatos del transporte y regular a miles de motociclistas que dependen de esa actividad para subsistir.

En este contexto, cualquier administración, incluyendo la del presidente Luis Abinader, se enfrenta a una disyuntiva compleja: aplicar las medidas necesarias, pero impopulares, o ceder ante la presión social para preservar sus niveles de aceptación, cuyos resultados han sido una constante histórica: reformas anunciadas con firmeza que terminan diluyéndose ante la primera señal de rechazo ciudadano.

Trampa del corto plazo

De esta manera, las políticas públicas quedan atrapadas en una lógica de inmediatez, debido a que se privilegia el cálculo electoral sobre la transformación estructural. Se actúa a medias, se corrige superficialmente, y luego se retrocede.

Este ciclo negativo no solo impide soluciones duraderas, sino que agrava el problema, y el mensaje que recibe la ciudadanía es claro: incumplir no tiene régimen de consecuencias reales.

Responsabilidad compartida

Seríamos simplistas atribuir toda la culpa al gobierno, pues la misma sociedad dominicana también ha desarrollado una cultura de permisividad y de violencia frente a las normas de tránsito. La imprudencia se ha normalizado, y el respeto a la ley se percibe como opcional o lo ven como un “pariguayo” al que cumple.

Sin embargo, esta conducta no surge en el vacío, es, en gran medida, consecuencia de una autoridad que no logra sostener la aplicación de las reglas de manera consistente. Donde la ley no se impone, el desorden se convierte en norma.

Qué liderazgo se necesita

Para romper este círculo vicioso exige liderazgo político con visión de largo plazo. No basta con anunciar medidas; es imprescindible sostenerlas, aun frente a la impopularidad inicial, pues ciertamente tendremos miles de motoristas disgustados con el gobierno, pero, a la vez, también, tendremos millones de ciudadanos que lo apoyarán.

Esto implica construir legitimidad social, comunicar con claridad, aplicar las normas de forma gradual pero firmes, y acompañar las reformas con políticas de apoyo a los sectores más afectados.

La experiencia internacional demuestra que las ciudades que exhiben sistemas de tránsito ordenados no llegaron allí por casualidad, sino a través de decisiones valientes, que, en su momento, generaron resistencia.

Entre el costo y la responsabilidad política

Resulta que el verdadero dilema no es entre ordenar el tránsito o perder popularidad. Es entre asumir el costo político hoy o perpetuar el caos mañana. El país enfrenta una decisión ineludible: seguir administrando el desorden como parte de la cotidianidad o dar el incomodo paso, pero inexcusable, de un modelo de convivencia basado en el respeto y cumplimiento a la ley.

No podemos seguir viendo este problema en función del VOTO que representan, porque también los demás ejercemos ese derecho ciudadano, ni en función de la popularidad. Porque cuando hacer lo correcto se pospone indefinidamente por el temor a pagar el costo político, el problema deja de ser técnico, y peligrosamente se convierte en una política de Estado.