Privilegios en un país endeudado
Mientras el país enfrenta presiones fiscales, residencias de alto valor en polos turísticos mantienen beneficios tributarios.
La República Dominicana enfrenta una realidad económica que exige decisiones responsables. La deuda pública ronda hoy el 58 % del PIB, una cifra que refleja el impacto de la pandemia, los programas de apoyo social y los compromisos financieros acumulados en los últimos años.
Durante la crisis sanitaria el Estado tuvo que invertir más de 340,000 millones de pesos en salud, asistencia social y reactivación económica, lo que llevó la deuda pública a niveles cercanos al 63 % del PIB. Aunque esa proporción ha disminuido ligeramente, la reducción se explica principalmente por el crecimiento de la economía y no por una disminución real del endeudamiento.
Para ponerlo en perspectiva: el PIB nominal pasó de US$78,840 millones en 2020 a una estimación cercana a US$135,500 millones para 2025.
Mientras tanto, los ingresos fiscales siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades del Estado, lo que obliga al país a recurrir con frecuencia a nuevos préstamos. A esto se suma ahora un factor adicional de presión internacional: la escalada del conflicto entre Israel e Irán ha provocado aumentos en el precio del petróleo, encareciendo el transporte, la generación eléctrica y presionando la inflación en economías importadoras de combustibles como la dominicana.
Entre tú y yo, en este escenario resulta necesario revisar ciertas exoneraciones fiscales que ya no parecen justificarse, especialmente aquellas que terminan beneficiando a residencias de alto valor en zonas turísticas.
Una realidad visible
En polos turísticos como Punta Cana, La Romana, Samaná, Jarabacoa o Puerto Plata es cada vez más común encontrar en portales inmobiliarios y redes sociales ofertas de villas y apartamentos vacacionales valorados en cientos de miles y hasta en varios millones de dólares.
Propiedades frente al mar, junto a campos de golf o dentro de comunidades exclusivas forman hoy parte del paisaje inmobiliario de estas zonas. Este mercado ha crecido con rapidez en los últimos años y refleja el dinamismo del turismo y de la inversión inmobiliaria.
Sin embargo, una parte importante de estas propiedades se ha desarrollado al amparo de incentivos fiscales concebidos originalmente para estimular la inversión turística.
Hace algún tiempo, un empresario español me contactó para vender su casa en uno de los proyectos más exclusivos de una zona turística del país, ubicada frente al mar y junto a un campo de golf, valorada en varios millones de dólares. Al recorrer el lugar quedó claro que estamos frente a un mercado inmobiliario de altísimo valor que forma parte del crecimiento de nuestras zonas turísticas.
Además, en determinadas temporadas estas propiedades se alquilan por tarifas diarias muy elevadas. En apenas dos semanas pueden generar ingresos significativos, lo que evidencia un potencial recaudatorio que hoy permanece en gran medida desaprovechado.
Muchas de estas propiedades disfrutan de exenciones del impuesto de transferencia inmobiliaria (3 %) y del impuesto al patrimonio inmobiliario (IPI) al amparo del régimen de fomento turístico CONFOTUR (Ley 158-01). La pregunta es inevitable: ¿tiene sentido mantener estos incentivos cuando se trata de 9segundas residencias de alto costo?
La inequidad del sistema
En la práctica, esto significa que propietarios de inmuebles valorados en millones de dólares pueden terminar pagando menos impuestos que muchas familias de clase media por su única vivienda.
Cuando los privilegios fiscales se concentran en la parte más alta de la pirámide, la carga del Estado termina recayendo sobre la mayoría.
Lecciones de la región
Otros países han enfrentado este dilema con soluciones más equilibradas.
México aplica tasas diferenciadas del impuesto predial para propiedades de alto valor. Costa Rica creó un tributo específico para las llamadas “casas de lujo”, destinado a financiar programas sociales. En el Caribe, países como Barbados y Bahamas gravan residencias de alto costo y destinan parte de esos ingresos a infraestructura turística.
Es decir, es posible incentivar el turismo sin renunciar a una política fiscal más justa.
¿Qué proponemos?
1. Actualizar CONFOTUR para excluir segundas residencias de alto valor y concentrar los incentivos en proyectos hoteleros que generen empleo.
2. Definir con claridad qué se considera “alto valor”, tomando como referencia el precio y el metraje de las propiedades.
3. Ajustar el IPI para inmuebles de mayor valor, aplicando una tasa de 1.5 % destinada a obras de capital y servicios en polos turísticos.
4. Promover el alquiler turístico formal, con incentivos reducidos para quienes registren y facturen sus operaciones.
5. Garantizar la tributación correcta de los ingresos por alquiler mediante el impuesto sobre la renta.
Entre tú y yo: hablemos claro
No se trata de castigar el éxito ni de frenar la inversión turística. Se trata, simplemente, de introducir mayor equilibrio en el sistema fiscal.
En momentos de estrechez económica y de presiones externas como el encarecimiento del petróleo, resulta razonable que quienes poseen mayor capacidad económica también contribuyan en mayor medida al sostenimiento del Estado.
Porque si la República Dominicana enfrenta una deuda cercana al 58 % del PIB, la pregunta ya no es si debemos revisar ciertos privilegios fiscales.
La verdadera pregunta es si un país endeudado puede seguir permitiéndose exonerar el lujo.
joaquinjoga@gmail.com