Universidad, IA y responsabilidad

La universidad ha sido históricamente el eje central en la generación, validación y transmisión del conocimiento. Su legitimidad social se sustenta en principios inquebrantables como autonomía académica, rigor intelectual y responsabilidad pública. En el siglo XXI, estos principios enfrentan desafíos inéditos derivados de la acelerada transformación digital y de la incorporación de sistemas avanzados de análisis y automatización en procesos académicos y administrativos.

El desarrollo reciente de tecnologías avanzadas, especialmente los sistemas generativos de IA, ha transformado la manera de acceder a la información, producir conocimiento y organizar los procesos educativos. Según Dabis y Csáki (2024), su adopción impacta la docencia, investigación, evaluación y gestión institucional, obligando a las universidades a revisar prácticas que durante décadas permanecieron estables. Este escenario constituye no solo una innovación técnica, sino un desafío estructural para la gobernanza universitaria.

Diversos estudios coinciden en que el principal reto no está en disponer de herramientas, sino en contar con marcos institucionales que guíen su uso de manera ética, transparente y coherente con la misión universitaria. Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advierten que, sin políticas claras y rendición de cuentas, la automatización puede afectar la integridad académica y la confianza pública.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad institucional adquiere un lugar central. No basta decidir si se incorporan estas herramientas; hay que definir cómo, con qué propósitos y bajo qué condiciones se integran en los procesos universitarios. La evidencia indica que, sin lineamientos claros, su uso puede generar inconsistencias en evaluación, riesgos en gestión de datos y tensiones en los sistemas de aseguramiento de calidad y acreditación académica (Dabis & Csáki, 2024).

Estos desafíos se manifiestan con mayor intensidad en contextos con trayectorias desiguales de transformación digital. En América Latina y el Caribe, la adopción de soluciones avanzadas en educación superior ha avanzado a ritmos distintos entre países e instituciones, resaltando la necesidad de enfoques contextualizados y políticas públicas articuladas. En la República Dominicana, investigaciones recientes documentan esfuerzos orientados a la inclusión digital y al fortalecimiento de competencias tecnológicas, junto con avances en la formación de habilidades informáticas en distintos niveles educativos.

No obstante, estudios en el contexto dominicano indican que la incorporación de estas innovaciones ha estado más vinculada a iniciativas institucionales específicas que a marcos nacionales sistemáticos (Muñoz et al., 2022). Esto refuerza la necesidad de comprender estas herramientas no solo como recursos pedagógicos, sino como fenómenos que exigen liderazgo institucional, planificación estratégica y decisiones informadas.

Paralelamente, la discusión sobre automatización y análisis de datos en educación se inscribe en un proceso más amplio de transformación institucional. Datos recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo evidencian un uso creciente en el sector público dominicano, confirmando su incorporación progresiva en prácticas organizacionales, aunque aún sin evaluación sistemática de impacto.

En este contexto, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, formulada como parte de la Política Nacional de Innovación 2030, reconoce el carácter transversal de estas tecnologías y plantea la necesidad de acción deliberada para orientar su desarrollo. Esta hoja de ruta refuerza el papel de las universidades como actores clave en la formación de talento, producción de conocimiento y reflexión crítica sobre los impactos sociales de la automatización avanzada.

Desde una perspectiva comparada, los marcos promovidos por organismos internacionales coinciden en que estas soluciones pueden contribuir positivamente al desarrollo educativo solo cuando se integran en ecosistemas institucionales sólidos, con políticas claras de inclusión, protección de datos y rendición de cuentas (Gottschalk & Weise, 2023). La ausencia de estos elementos puede profundizar desigualdades y debilitar la confianza pública en las instituciones educativas.

En este sentido, la integración de estas innovaciones interpela directamente la misión universitaria. No sustituyen el juicio académico ni la responsabilidad ética de las instituciones; al contrario, exigen su fortalecimiento. Su implementación y evolución en cada institución dependerá de equilibrar innovación, gobernanza institucional y responsabilidad pública, asegurando que el conocimiento siga siendo un bien orientado al desarrollo humano y social, con impacto tangible en la formación de estudiantes y en la sociedad.

Erik Pérez Vega es rector de la Universidad APEC (Unapec)

Laura Reyes Alardo es investigadora asociada de la Universidad APEC (Unapec)