Abinader y el deber de no tener cómplices
La reciente instrucción del presidente Luis Abinader para crear una comisión técnica que refuerce los controles en SeNaSa confirma una característica que lo distingue en el panorama político dominicano: su compromiso con la coherencia entre lo que predica y lo que hace. En medio de cuestionamientos y tensiones públicas por las irregularidades detectadas en el seguro estatal, la respuesta del mandatario no ha sido esconder el problema ni minimizarlo, sino actuar con firmeza institucional.
La decisión de modificar el reglamento interno de SeNaSa y conformar una comisión encabezada por el doctor Arismendi Díaz Santana —acompañada por otros profesionales de reconocida solvencia— es una medida que apunta a mejorar la supervisión financiera, administrativa y operativa de una entidad vital para millones de dominicanos. No se trata de un anuncio cosmético. Las funciones previstas incluyen revisar contratos mayores a cinco millones de pesos, vigilar operaciones financieras sensibles, analizar reclamaciones, monitorear la disponibilidad bancaria y garantizar que cada contratación cumpla con los principios de la ley de compras públicas.
Pero el aspecto más relevante de esta acción no es técnico, sino político y moral. En un país donde la cercanía personal ha sido históricamente excusa para encubrir faltas, Abinader insiste en un principio que no solo declara, sino que practica: “Tengo muchos amigos, pero no cómplices”. Lo ha demostrado al enviar informes de irregularidades a la Procuraduría, incluso cuando involucran personas cercanas, y al instar al Senasa a actuar como actor civil sin interferencias. Esa decisión rompe con viejas tradiciones políticas basadas en el silencio, el amiguismo y la protección mutua.
El presidente sabe que la verdadera garantía contra la corrupción no es un discurso anticorrupción, sino un andamiaje institucional que limite la discrecionalidad y establezca controles permanentes. Por eso exige también que el Consejo Nacional de SeNaSa, encabezado por el ministro de Salud, trabaje en una reforma integral del reglamento en un plazo de 90 días. El objetivo es claro: definir con mayor precisión atribuciones, responsabilidades, procesos de decisión y mecanismos de transparencia.
Estas medidas no solo corrigen fallas del sistema, sino que envían un mensaje contundente a la ciudadanía: el Gobierno no tolerará desviaciones, sin importar quién esté involucrado. Esto constituye un punto de inflexión en una democracia donde por décadas se asumió que la justicia podía detenerse frente a un apellido o una amistad.
Es comprensible que, en tiempos de desconfianza, muchos observen con cautela cualquier iniciativa estatal. Sin embargo, cuando un presidente decide no interferir, no encubrir y no proteger a sus allegados, está contribuyendo a transformar la cultura institucional de un país. La lucha contra la corrupción no se sostiene con declaraciones grandilocuentes, sino con decisiones difíciles. Abinader ha optado por estas últimas.
En un momento en que la ciudadanía demanda integridad y claridad, este paso reafirma que la transparencia no es un eslogan, sino una práctica diaria. Y que, para gobernar con dignidad, no basta tener amigos: no hay que tener cómplices.
El autor es consultor en comunicación