La comunicación y el diván

La salud mental es el gran desafío de este tiempo, y, precisamente porque la OMS habla de “crisis de la salud mental global”, es válido establecer la relación causal y lineal en el comportamiento de individuos/ciudadanos/líderes/Estado. En esa lógica, la irracionalidad de los ciudadanos se expresa en la irracionalidad de un Estado que también necesita diagnóstico, terapia y/o medicación.

Desde su primer día de gobierno, el PRM decidió no confrontar a sus confrontadores, y, lejos de poner sobre la mesa argumentos frente a cada acusación o denuncia, asumió el silencio como política pública y la cooptación como estrategia comunicacional. Quizás porque, en tanto oposición, pudo constatar la letalidad de la crítica hacia al poder, el partido asumió desde el gobierno la política de no confrontación contra hacedores de comunicación.

En democracia y Estado de derecho, es lo correcto, pues el disenso es la base de la pluralidad y lo contrario (el control, la censura, la intimidación) es antidemocrático y constituye la antesala de cualquier dictadura. El problema ha sido confundir la crítica fundamentada con el anuncio temerario, sin pruebas; la exposición de hechos presuntamente relacionados a la vida privada de funcionarios con cuestionamientos a su gestión de la cosa pública; la denuncia con la calumnia; la libertad de informar con la libertad de difamar.

Por razones que sólo un buen psiquiatra podría explicar, frente a las continuas declaraciones de algunos –que más que denuncias eran abusos, insultos, descalificaciones, comentarios obscenos, declaraciones irrespetuosas, infundadas, etc.– el gobierno comenzó a padecer el “Síndrome de Estocolmo”; definido a partir de su primera manifestación pública, observada en Estocolmo (1973) durante el asalto (y secuestro) a un banco.

Durante el proceso de mediación para la liberación de rehenes, el Dr. Nils Bejerot pudo constatar y caracterizar el patrón de reacciones de las personas privadas de libertad y violentadas hacia sus captores; detallando cómo se vuelven empáticas con sus maltratadores; los justifican y establecen una relación de dependencia emocional y validación/justificación con las razones y motivos del maltrato, las cuales hacen que el secuestrador sea visto como alguien esencialmente bueno.

De su lado, Lenore Walker desarrolló en 1977 lo que se conoce como “Síndrome de la Mujer Maltratada”, que, aunque se encuentra bajo la sombrilla del estrés postraumático y no figura como una patología reconocida en DSM–V, si encuentra fundamento en el derecho penal y el common law norteamericano.

En ambos síndromes, para el gobierno el efecto es el mismo: una fascinación por el agresor/maltratador que se traduce en un deseo del agredido (el funcionario/gobierno) de minimizar el comportamiento, “echarle agua” o “dejar eso así”. En casos más extremos, el agredido intenta buscar “el bajadero” e identifica puentes de comunicación, cayendo en una dinámica persuasiva/presupuestaria que se manifiesta en mandados o sobrecitos, con características tóxicas y propias de un comportamiento pasivo/agresivo.

El gobierno celebra y premia a sus agresores y, mientras dura la recompensa, el agresor baja el perfil. Lo mismo que el experimento de Pavlov… pero sin perros.