Tolerancia cero a la piratería

Los derechos de propiedad intelectual son intangibles y difusos, de ahí que su protección sea necesaria, ya que sobre los mismos se estructura el comercio mundial. En una época donde el modelo económico se sostiene sobre las creaciones del intelecto humano, y que estas valen tanto como los bienes producidos en cualquier fábrica (sin software el hardware no funciona), constituye un desafío para las autoridades proteger dichos derechos.

Todo producto industrial se sostiene en un derecho intelectual o una patente. Por esta razón, atacar el comercio ilícito de productos falsificados constituye la mejor respuesta institucional para defender la industria formal que los produce, y lo que se encuentra detrás: fabricantes, empleados, países productores, impuestos; y, en la base de todo, el comercio mundial. Durante décadas, nuestro país no hizo bien su trabajo. No fue hasta 2024 cuando dejó de figurar en la lista de observación de los Estados Unidos en materia de propiedad intelectual. En efecto, desde abril de 2024 (y este año tampoco), el país no figura en el Reporte Especial 301, publicado anualmente por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), lo cual constituye un reconocimiento a los esfuerzos del gobierno de atacar la piratería y comercio ilícito de bienes de manera frontal, firme y articulada entre todas las instancias responsables.

La voluntad política del presidente –porque no nos engañemos, en países como este, sin eso, difícilmente pudieran lograrse resultados– ha promovido y facilitado la coordinación entre el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio Público; las direcciones de Impuestos Internos y Aduanas; la cooperación con organismos del Estado norteamericano y el acompañamiento de la sociedad civil, logrando, –con acciones medibles, verificables y permanentes–, el buen posicionamiento del país ante su principal socio comercial, elevándolo a la categoría de Estado responsable que vela por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en su territorio.

Es en ese contexto que adquiere relevancia el acto de destrucción de mercancías falsificadas decomisadas por la Dirección General de Aduanas (DGA) del día de ayer, en el cual fueron destruidos (literalmente) más de 1,060,000 artículos falsificados; los cuales fueron incautados bajo el debido proceso de la ley.

La DGA constituye la primera barrera de protección de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país, de ahí que la firmeza con que la institución ha asumido el rol de protección de dichos derechos, garantiza que, más que un agente recaudador, la institución sea garante de un sistema comercial estructurado sobre la libre competencia y el respeto a la ley.

Como señaló su director, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), “la destrucción de cada caja, prenda o artículo falsificado representa el compromiso del gobierno y del país de luchar por un comercio más justo”, y que dichas acciones no son fruto del azar o la coyuntura, sino del compromiso de hacer del país un entorno seguro y confiable para el comercio.

¡Enhorabuena!