Dos millones y medio de delincuentes

En ausencia de estadísticas oficiales accesibles, la imaginación puede suplir el rigor. Parecería que en los últimos meses las autoridades del tránsito han perdido el control, alcanzándose una masa crítica de salvajismo que se ha desparramado sobre intersecciones, calles, avenidas, aceras y contenes.

No puede afirmarse con datos o mediciones, pero el desmadre va en progresión geométrica. Frente a las decenas de miles (¿?) de violaciones a la ley que a diario se comenten, cabe preguntarse: ¿las autoridades tiraron la toalla?

Por ejemplo, a diciembre de 2024 en el país existían 3,531,967 motores (DGII). Al respecto, en marzo de 2023, el entonces director del INTRANT indicaba que, luego de agotado un proceso de regularización, habían sido registrados 813,000 motoristas, restando un total de 2,718,967 delincuentes (sin “presuntos”) manejando motores impunemente.

Vemos, que en puridad jurídica no son delincuentes, pues comenten ilícitos tipificados como contravenciones –no como delitos– y, por tanto, en rigor penal no les corresponde el término, pero si en la acepción cotidiana del español; porque, puestos todos a hacer los que nos da la gana, así como algunos se llevan los semáforos en rojo, transitan en vía contraria, se suben a las aceras, andan sin cascos, licencia, seguro, matrícula, certificado de no antecedentes penales, etc.; así, otros nos atrevemos a pensar que son tan delincuentes por todo eso, como incompetentes son las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Lo grave de este problema es que el gobierno no ve que, más que infracciones a la ley 63-17, esas constantes y generalizadas violaciones reflejan un mal de fondo preocupante que va más allá del mero desorden; porque debajo de cada “hago lo que me da la gana” existe un sustrato común: el desafío abierto y frontal a la autoridad del Estado… y eso si es grave.

Este desafío ya no es de movilidad o tránsito, el verdadero problema es la erosión del poder represivo del Estado, auténtico sostén y garantía de todas sus funciones. Por ejemplo, si 2,718,967 motoristas entienden que pueden hacer lo que quieran porque no hay consecuencias, estamos caminando rumbo a la disolución social; porque sin orden (y el tránsito es la mayor expresión del actual desorden), toda sociedad está condenada a volverse caótica… y desaparecer.

¿Tienen las autoridades entendimiento y comprensión del problema social que subyace en el desorden del tránsito?, ¿cuentan con capacidades, recursos humanos, técnicos y financieros suficientes?, ¿tienen el apoyo político necesario para implementar la ley? Parecería que la dimensión del desafío del caos en el tránsito supera y desborda la capacidad institucional ordinaria de las autoridades.

Es hora de que el gobierno declare el tránsito en estado de emergencia y pueda, en ese contexto de seguridad nacional, actuar rápida y decididamente antes de que nuestro orden y paz social, base de nuestro preciado desarrollo, sea sólo un lejano recuerdo.