¿Qué nos espera en la vejez?
En la República Dominicana, el sistema de pensiones administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y los servicios de salud gestionados por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) no garantizan una vida digna para los trabajadores que han aportado durante décadas.
El sistema de pensiones: un futuro incierto
Los empleados deben cotizar durante 360 meses (30 años), acumulando ahorros que se transforman en una pensión promedio de 11,000 pesos mensuales, una cifra irrisoria frente al costo de la canasta básica, que supera los 42,000 pesos.
Este sistema, lejos de brindar seguridad, es injusto: los fondos acumulados solo se entregan hasta que se agotan. ¿Qué pasa después? En lugar de un retiro tranquilo, nos enfrentamos a la incertidumbre. A esto se suma que las AFP generan utilidades astronómicas, superando los 9,700 millones de pesos anuales, obtenidos únicamente por gestionar los ahorros de los trabajadores.
El sistema de salud: más negocio que servicio
La salud, un derecho fundamental, se ha convertido en un negocio lucrativo. Las ARS, en lugar de garantizar el acceso a servicios de calidad, frecuentemente actúan como un obstáculo:
Medicamentos esenciales: Su aprobación depende de la rentabilidad, no de la necesidad del paciente.
Procedimientos quirúrgicos: Los pacientes deben cubrir insumos básicos como pintas de sangre, cuyo costo supera los 9,000 pesos cada una.
Reembolsos: Cuando los asegurados pagan de su bolsillo, las ARS retienen entre el 10% y el 20% del monto.
Además, muchos médicos rechazan los seguros debido a las bajas tarifas y los atrasos en los pagos, lo que obliga a los pacientes a asumir costos altísimos.
¿Un sistema insostenible?
La vejez para muchos dominicanos se perfila como un período de abandono y precariedad. Si no cambiamos las reglas, el final de la vida será una lucha constante contra un sistema que prioriza las ganancias sobre el bienestar.
Ejemplos para reflexionar
En países como Uruguay o Chile, las reformas a los sistemas de pensiones y salud han priorizado el bienestar social sobre los intereses privados. ¿Por qué no replicar estas experiencias en nuestro país?
Uruguay garantiza pensiones mínimas que cubren al menos el 70% del costo de la canasta básica.
Chile implementó ajustes para asegurar una pensión básica solidaria, financiada parcialmente por el Estado.
¿Qué podemos hacer?
Exigir una reforma integral que garantice pensiones dignas y accesos reales a servicios de salud.
Regular las ganancias de las AFP y ARS para que estén alineadas con el bienestar de los cotizantes.
Implementar sistemas de control para reducir los abusos y mejorar la transparencia.
¿Quién debe
defendernos?
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar un futuro digno para sus ciudadanos. No podemos seguir aceptando un sistema que nos condena a una vejez precaria.
Es hora de actuar. Las autoridades, los ciudadanos y las organizaciones deben unirse para transformar este modelo que nos condena a vivir con miedo e incertidumbre. Nuestra vejez no debe ser una lucha por la supervivencia, sino un tiempo para disfrutar lo que construimos durante toda una vida.