Cuando los cambios crean crisis

La decisión del presidente Luis Abinader de mantener en su nuevo mandato a las autoridades monetarias y financieras, ha sido correcta y prudente. Logrando de nuevo en este 2024 que la economía dominicana supere el crecimiento anual del 5%, tasa que ha mantenido como promedio en las últimas 5 décadas, con una relativa estabilidad de precios.

Cuando los sectores monetarios y financieros están siendo manejados asegurando la estabilidad de la economía, y del sector a ser regulado, tú no puedes cometer el riesgo de provocar con un cambio innecesario ser el causante de una crisis económica, social y política que precipite tu partida del poder político. Y voy a presentar dos casos emblemáticos.

Durante el proceso de reformas aplicadas al sector financiero con el fin de cumplir con las normativas del Banco De Pagos Internacionales, entidad con asiento en Basilea, Suiza, que regula al sistema financiero a nivel mundial, el país se comprometió aplicarlas en los primeros años de los noventa porque sin ellas seríamos vistos como un mercado de altos riesgos financieros. La consecuencia de eso sería alejar los capitales externos de inversión y provocar desconfianza que afecta la estabilidad de los depósitos del sector privado en los bancos.

Con el fin de cumplir con esas normativas había que formar un personal técnico especializado, a lo que se embarcaron las autoridades monetarias. El presidente Balaguer, con el propósito de llevar a cabo este compromiso, nombra Superintendente de Bancos a la licenciada Persia Álvarez.

La nueva funcionaria se estaba entrenando en la aplicación de las normas de Basilea con un grupo de técnicos del Banco Central que pasaron acompañarla en su gestión. El proceso contaba con asesoría de expertos internacionales, se visitaron y conocieron las experiencias de otras entidades reguladoras y de organismos internacionales.

Dentro de este grupo de expertas se encuentra la actual directora de la Asociación de Bancos, Roxanna Ruiz, las licenciadas Ada Pantaleón, Angélica Fondeur y Arita Bergés, esta última abogada, y otros técnicos con competencias en finanzas, contabilidad y auditoría.

Este fue un grupo formado con un nivel de alta excelencia técnica. Recuerdo que Persia Álvarez, actuando como superintendente, era tan rigurosa en sus funciones que nuestras visiones sobre el manejo de la crisis del Banco de Comercio chocaron en abril del 1996.

En ese entonces, como vicegobernador del Banco Central y encargado por la Junta Monetaria de asumir el manejo de la crisis de la entidad, era el tercer banco del país, mi posición era tratar de estabilizar los depósitos en corridas y las operaciones internas de un banco intervenido con el fin de salvarlo. Así buscaba evitar que fuera un factor de contagio para el resto del sistema, pero la rigurosa superintendente trataba de imponer al banco intervenido las normas aplicadas a los bancos que operaban con normalidad. Por eso hay que reconocer sus elevados valores como funcionaria pública en el responsable manejo de sus funciones. Ese banco después de estabilizarse sus operaciones, sin contagiar al resto del sistema y de eliminar sus activos improductivos, fue vendido mediante un concurso por una comisión integrada por miembros de la Junta Monetaria, siendo la primera operación de salvamento exitosa llevada a cabo por las autoridades monetarias en el país.

También en aquel entonces, la aplicación de las normas de Basilea estaba siendo combatida por el sector bancario, pues implicaba de por sí, mayores aportes de capital para la reducción de los riesgos de los depósitos de terceros, y menos ganancias por la aplicación de indicadores que demandaban mayor liquidez en manos de los bancos, precisamente con el fin de salvaguardar la demanda de los recursos de terceros.

Como es natural, los banqueros acudieron a los políticos y autoridades eclesiásticas como padrinos, con el fin de presionar para que se retrasaran la aplicación de las normas bancarias y prudenciales por parte de las autoridades monetarias.

Se realizaron reuniones en la PUCAMAIMA, donde se convocaban a las autoridades monetarias y financieras, a discutir el contenido y puesta en vigencia de las regulaciones a aplicar, con políticos y sacerdotes que desconocían en sus aspectos técnicos y prácticos las normativas y las verdaderas intenciones de los banqueros a las solicitudes de dichas demoras. Tomando como pretextos de que aumentarían las tasas de interés y se reducirían los préstamos bancarios, lo cual no podría ser del placer de los políticos en el poder.

Es verdad que en el corto y mediano plazo eso pudiese suceder en diversas entidades, dependiendo de la situación del enfermo para recuperarse, después de serle aplicada la medicina adecuada.

El actual gobernador, y gobernador en aquella ocasión, no se prestó al juego político, y me envío como segundo al mando a representarlo en dichas reuniones, a mi quien en la segunda posición jerárquica no podía asumir una posición de compromiso.

De todas formas, con el traspaso del poder en las siguientes elecciones, fueron sustituidas las autoridades de la Superintendencia de Bancos, debilitándose las inspecciones in situ de los bancos. También se retrasaron y debilitaron por la no aprobación del Poder Ejecutivo, para su envío al congreso, del anteproyecto del Código Monetario y Financiero que contenía el fortalecimiento de las regulaciones bancarias, y cuyo propósito era sustituir las leyes monetarias y bancarias.

Con el cambio de gobierno ingresaron autoridades y técnicos con escasa experiencia en el manejo del sector bancario. Los técnicos que regresaron al Banco Central desde la Superintendencia estaban preocupados por el debilitamiento de la supervisión sobre las entidades financieras. Ellos presionaban a este servidor, y a las demás autoridades, a que el Banco Central asumiera de nuevo el papel de supervisor, cuando ya esa función en la práctica había sido transferida en su totalidad a la Superintendencia, buscando que madurara con la experiencia al asumir sus verdaderas funciones.

Lo qué pasó en el 2003, con la enorme crisis bancaria, es el resultado de aquellos polvos que se fueron acumulando durante una década por el debilitamiento de las funciones de supervisor, más la no aprobación por el Congreso de las normativas bancarias y sus regulaciones, situaciones que trajeron como resultado elevados costos para el país.

El Banco Central como ente emisor del Estado, tuvo que intervenir en la crisis bancaria del 2003, poniendo sus funciones a disposición del gobierno central, asumiendo el pago de los depósitos privados de las entidades intervenidas a nombre del gobierno, porque la supervisión bancaria no tenía recursos para asumir esos pasivos.

Dicha intervención le ha generado un pasivo del gobierno al Banco Central de 15 mil millones de dólares, que se encuentran en poder del público o sector privado, pasivo que tendrá que pagarlo la población a la larga con impuestos o inflación, y cuyo valor creciente, afecta el manejo de los instrumentos monetarios del Banco Central, para la liquidez y estabilidad de los precios.

Los cargos

El otro caso emblemático, sucedió con otro cambio de gobierno. En esta ocasión, el Gobernador y los miembros de la Junta Monetaria fueron sustituidos por otros técnicos. Cada cambio, trae en sí, cambios de posiciones en cuanto al manejo de las políticas. Estas pueden tener resultados positivos o negativos dependiendo de la forma y circunstancias en que fueron aplicadas. Estas pueden estar muy bien intencionadas, pero tal vez corren con el error de ser poco prácticas para manejarse, frente a la realidad económica del país en ese momento.

A través de los 54 años que he vivido estrechamente vinculado a la experiencia económica en este país, he llegado a la conclusión de que en economías pequeñas cómo la nuestra, lo más importante es la estabilidad de precios, lograr bajas tasas de inflación. No importa que sacrifiques en un momento determinado el crecimiento, con el fin de mantener la estabilidad de precios.

En este país desde hace tiempo los mercados de precios bienes y servicios y de las divisas, han sido manejados a través de monopolios y oligopolios, por eso las personas se sorprenden, cuando en el exterior se han caído los precios de insumos y materias primas que son partes importantes del proceso de producción de un bien elaborado en el país, y sus precios internos no reflejan variación.

También en el comercio lo vemos con los precios agrícolas, en el enorme margen que existe entre lo que se paga al productor y lo que paga por este mismo artículo el consumidor final. Al igual se da en muchos bienes del comercio importador.

Así cuando la inflación sube estrepitosamente por una crisis interna provocada por una fuerte devaluación de la moneda, cuando esta moneda vuelve a fortalecerse, los precios no retornan a la baja con la misma intensidad y temporalidad, reflejando resistencia a la disminución porque son precios controlados.

De esa forma, la política monetaria en estos mercados de precios administrados, no tiene la misma efectividad en combatir la inflación, como la tienen los bancos centrales en mercados de libre competencia. Y la inflación es un impuesto que los pagan con mayor intensidad los que tienen sueldos y salarios, porque el poder adquisitivo de estos se reduce y aumenta la pobreza en la población.

Así ha sucedido en la década de los ochenta y a principios de los noventa y en el 2003-2004, cuando las crisis cambiarias provocaron elevadas alzas de precios en cuestión de meses, diezmando a la clase media que había sido impulsado su crecimiento durante décadas. Y de ahí surgen las grandes crisis sociales y políticas, que debilitan los gobiernos y a sus partidos, ante las expectativas de poder continuar en el poder.