El arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, aprovechó la celebración en su provincia de la tradicional caminata de la Iglesia Católica “Un paso por mi familia” para solicitar la semana pasada la creación en el país del Ministerio de la Familia.
El sacerdote argumentó que este ministerio permitiría centralizar y fortalecer las políticas públicas dirigidas a la protección y promoción de los valores familiares, poniendo fin a los esfuerzos dispersos que en ese sentido desarrollan diversas instituciones.
Su petición no es nueva. Es el sentir expuesto hace bastante tiempo por diversos sectores, conscientes de que ese ministerio podría aglutinar a una serie de entidades estatales que trabajan por separado con integrantes de esa vital célula que monseñor Rodríguez calificó acertadamente como "columna vertebral de la sociedad".
Ahí estarían fundidos, por ejemplo, los ministerios de la Juventud y de la Mujer, pero también una serie de instituciones que trabajan a favor de personas con discapacidad (Conadis), niñez y adolescencia (Conani), envejecientes (Conape) y otras yerbas aromáticas de la burocracia estatal.
Hay que aclarar, empero, que la fusión no sería para que ese nuevo ministerio haga más de lo mismo que realizan por separado y con evidentes falencias esas instituciones.
¿Por qué no se asume como prioridad esa propuesta si hay un consenso respecto al beneficio que aportaría esa fusión? Expondré solo tres razones.
Primero, las prioridades de los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas están totalmente divorciadas del sentir de la población, aunque constantemente los presidentes aleguen que “ponen el oído en el corazón del pueblo”. Nada más falso, de ser así hace tiempo que el rumbo de nuestra nación fuera distinto.
Una muestra está en la recién acometida reforma constitucional en un tiempo récord, la que pocos en el país necesitaban y anhelaban. O embarcarse en una reforma laboral que tampoco se ha pedido, cuando la población clama desde hace tiempo por una modificación de la Ley 87-01 de Seguridad Social que garantice la universalidad y calidad de los servicios de salud, para solo citar un ejemplo.
Solo hay que observar las recientes publicaciones de “Listín en el barrio”, una iniciativa de este diario, para darse cuenta cuáles son las reales necesidades y preocupaciones de los sectores carenciados del país, a veces de obras pequeñas que sus moradores llevan hasta décadas esperando por su terminación.
Segundo, vivimos inmersos como país en una constante “discontinuidad del Estado”, porque cada presidente de la República aspira a ser recordado por sus propias obras y mira con desdén las del anterior, aunque hayan sido dejadas, como se dice en el argot beisbolero, a tiro de hit y hasta de un fly de sacrifico.
Por eso vemos que no se terminan obras vitales como la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, la cárcel Las Parras y la Circunvalación de Baní, para sólo citar tres.
Otro ejemplo. De las seis líneas del Metro de Santo Domingo contempladas en el proyecto iniciado en 2005, apenas tenemos dos, porque los gobernantes siguientes se empeñaron en construir teleféricos para poder exhibir sus propias obras, en lugar de darle continuidad a una estructura ferroviaria que ya tuviera conectada a la capital por sus cuatro puntos cardinales, con un sistema de transporte rápido, eficiente y seguro.
A la falta de continuidad del Estado, se suma también el descuido con las obras ejecutadas por gobiernos anteriores, porque el Metro luce ahora saturado, descuidado y con la inobservancia del orden y respeto que prevalecía en ese servicio.
Hay más bien un empeño en borrar el legado de los anteriores, con cambios de nombres de instituciones y programas (Solidaridad ahora es Supérate). Y hasta incurrir en la desfachatez de dar un “paño con pasta” a una obra y colocar una tarja nueva con el nombre del gobierno de turno para apropiársela. Esas han sido prácticas comunes gobierno tras gobierno.
Pero borrar algunos aportes resulta una tarea difícil, porque cuando se visita cualquiera de los grandes parques miradores es inevitable pensar en Joaquín Balaguer. Quizás por esa razón el escritor y político uso al viejo Chencho como instrumento en una campaña política para gritarles a quienes intentaran esfumar sus huellas: "Eso lo hizo Balaguer".
Y pienso que hasta el dictador Rafael Leónidas Trujillo debe “sotorreírse” con frecuencia en su sepultura cuando escucha que a aquel sector del Distrito Nacional todavía le llaman “La Feria” y “Angelita” al principal hospital infantil del país.
Solo hay que observar las recientes publicaciones de “Listín en el barrio”, una iniciativa de este diario, para darse cuenta cuáles son las reales necesidades y preocupaciones de los sectores carenciados del país.
Y tercero, está la tradicional falta de voluntad y consenso político para que los gobiernos asuman como suyas las prioridades de una sociedad que ya no aguanta más aplazamientos en la solución de males ancestrales que nos agobian y contribuyen a perder la fe en nuestro destino como nación.
Me entusiasmé mucho cuando el pasado martes, tras concluir un Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional, comencé a leer el anuncio de que la actual administración había establecido “400 metas” del actual cuatrienio y de esa cantidad declaró 12 prioritarias que cito a continuación:
1-Mantener un sistema de salud que eleve la edad promedio de la población a 77 años.
2-Una política integral de seguridad ciudadana que mantenga la tasa de homicidios en un digito por cada 100 mil habitantes.
3-Disminuir el déficit de vivienda.
4-Consolidar la clase media del país y llevar la tasa de pobreza general a 15 %.
5-Alcanzar un PIB per cápita de 15,000 dólares al 2028.
6-Mantener el crecimiento de las exportaciones anuales y la inversión extranjera directa.
7-Alcanzar 14 millones de turistas.
8-Aumentar del 44 % al 50 % la tasa de empleo formal y mantener por debajo del 5 % la tasa de desempleo.
9-Convertir a la escuela como el centro de desarrollo de las comunidades y duplicar los graduados universitarios de las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática).
10-Implementar una política de inversión intensiva de agua para mejorar el suministro y la constancia del servicio.
11-Declarar a República Dominicana libre de hambre y erradicar los pisos de tierra en los hogares, eliminando así la pobreza extrema en el país.
12-Disminuir la tasa de muertes por accidentes de tránsito a menos de 20 por cada 100 mil habitantes.
Ignoró cuáles son las 388 metas que quedaron en el aprisco, parafraseando aquella canción cristiana de las 100 ovejas, pero si la aspiración del gobierno, como destacó ese día, es posicionar a República Dominicana en la senda de una sociedad desarrollada para el 2036, se requiere una real voluntad política para lograr tan solo el lindo poema digno de enmarcar expuesto en la meta prioritaria número 11.
Como reflexionó monseñor Rodríguez en la mencionada caminata al abogar por un Ministerio de la familia y la urgencia de que las autoridades den prioridad a esta iniciativa: "Una familia sana es el cimiento de una sociedad sólida. Apostemos por políticas públicas que reconozcan este principio esencial”.
Porque, aunque sea una verdad de Perogrullo, el caminar de las familias determina el derrotero de la nación. Y sí, esperamos que algún un jefe de Estado ponga el oído y el resto de sus sentidos en el corazón del pueblo.
Podemos fusionar instituciones, cambiarles el nombre, firmar pactos y definir decenas de metas con sus prioridades incluidas, pero si no hay una real voluntad política siempre se quedarán como un rosario de buenas intenciones.
Creo firmemente que todos los ministerios del país (antes secretarías de Estado, ah otra vez el cambio de nombre) podrían fusionarse en un Megaministerio de Voluntad Política y obtendríamos mejores resultados para las familias y la sociedad en general.