Política migratoria dominicana: responsabilidad y coherencia
La política migratoria de la República Dominicana enfrenta graves desafíos, especialmente en relación con la inmigración ilegal haitiana. Es necesario examinar la importancia de la coherencia y responsabilidad de los funcionarios públicos al implementar directrices estatales que defienden la soberanía nacional, lo que resulta imperioso mantener una postura uniforme de sus autoridades gubernamentales.
Cito la célebre frase de Gayo Julio César “La mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo”. Expresión, que subraya la relevancia de la coherencia y transparencia en los actos de los servidores públicos, que siempre deben mantener una compostura respecto al cargo y responsabilidad que ostenta con las políticas y directrices establecidas por su presidente.
A principio del año 2023, publiqué en este prestigioso diario, el artículo titulado “El cochero en una dirección y los bueyes por otra”, ante la inusitada situación acontecida en la provincia Dajabón, cuando su gobernadora, Rosalba Milagros Peña, pretendió entregar carnets a haitianos ilegales que laboraban en las fincas de 70 productores de esa zona. Situación que genera tensiones cuando los intereses locales entran en contradicción con las políticas nacionales, que solo crean confusión.
El pasado 29 de septiembre, se designó al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester ARD, como Director General de Migración, quien señaló se enfatizará en defender la “dominicanidad”, precisando a los agentes migratorios a inspirar respeto ante la sociedad con sus actuaciones, porque su trabajo está bajo la atención mundial, de ser celosos guardianes de la imagen institucional en sus labores, actuando con firmeza sin apartarse de las normas éticas, apegados en todo momento a las leyes y respeto de los derechos humanos.
Cuatro días después, el Presidente Luis Abinader convocó al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en el Ministerio de Defensa, y al finalizar dicha reunión, se hizo acompañar del Canciller de la República, del Ministro de Defensa y de la Presidencia, así como del Director General de Migración, Director de la DNCD, Director del DNI, Comandantes Generales de fuerzas y el Director de la Policía Nacional, quien tras una breve intervención indicó que, ante los limitados resultados de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití liderada por Kenia, como lo advirtió en su participación en la 79 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la semana pasada, el Estado dominicano asumiría una serie de medidas a ser implementadas inmediatamente.
Medidas leídas por el vocero de la Presidencia: “Hoy, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, presidido por el Presidente de la República, se reunió para abordar la situación de la migración ilegal proveniente de Haití. A pesar del apoyo internacional y de la presencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití para la pacificación liderada por Kenia, los resultados hasta ahora han sido limitados y el proceso avanza con lentitud. Ante esta realidad, nos vemos obligados a actuar de manera decidida y responsable para garantizar la seguridad y estabilidad de nuestro país”.
En este contexto, se diseñó un plan integral que responde de manera efectiva a la creciente preocupación ciudadana, acordando la ejecución inmediata de operativos de repatriación de hasta 10 mil migrantes por semana, que busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas, bajo los estrictos protocolos que aseguren el respeto de los derechos humanos y dignidad de los indocumentados.
Estas medidas, que sin dudas cuentan con el beneplácito del pueblo dominicano, aunque ciertos sectores económicos se vean perjudicados, reafirman el compromiso del gobierno de proteger la soberanía nacional y abordar la compleja realidad de la migracion ilegal, que combine la seguridad en coordinación con la comunidad internacional y con un enfoque de cooperación regional.
Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Desde Haití, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) pidió al país que respetara sus compromisos internacionales en materia de repatriación, y que suspendiera las “brutales y racistas deportaciones”. Mientras su Canciller, Dominique Dupuy, nos acusó de ejecutar “expulsiones masiva y discriminatoria” de haitianos ante Human Rights Watch (HRW), la OEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Ante tales ataques, el Canciller dominicano Roberto Álvarez aprovechó su participación en la reunión trimestral de seguimiento a la situación de Haití del Consejo de Seguridad ONU, donde advirtió que “el Gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones, pues esto sería el equivalente a declarar una frontera abierta, incentivando una mayor migración irregular al país. Esto jamás lo permitiremos. Los dominicanos nunca hemos sido los causantes de ninguna situación humanitaria, económica o de inseguridad en Haití. Sin embargo, hemos enfrentado esa crisis, por décadas, prácticamente solos”.
A pesar de la clara política migratoria implementada por el gobierno, se ha visto obstaculizadas por algunos funcionarios que parecen actuar en contra de las directrices oficiales.
Como aconteció el pasado 26 de octubre, cuando el alcalde de Villa Isabela, Ruddy Leandro Gómez, autorizó al empresario Persio Alejandro Polanco Reyes a utilizar 250 haitianos en su plantación de ajíes. De inmediato, el Director de Migración se reunió con dicho alcalde, advirtiéndole “no transgredir el límite de sus funciones para no asumir roles fuera de su área de competencia”. Según datos obtenidos, en apenas cuatro semanas de inicio del proceso se han repatriado 38,932 haitianos ilegales.
Y el desliz del Ministro de Agricultura, quien, en una intervención televisiva expresó “tener haitianos trabajando por más de diez y quince años con él, quienes no han delinquido nunca, y que mete las manos, la cabeza y los pies por ellos”. Desafortunadas, por tratarse de un alto funcionario en un momento crítico para el gobierno en la implementación de una política migratoria estricta, declaraciones que podrían ser utilizadas en contra del país.
¿Desconocemos si sus declaraciones fueron como productor agrícola o en calidad de un Ministro de Agricultura preocupado por el sector productivo nacional? Al parecer continuamos como el cochero, que va en una dirección y los bueyes por otra. Los gobiernos son como una orquesta, su director es el Presidente, quién dicta el compás y las notas a tocar –políticas de Estado– mientras sus funcionarios son los músicos, que las deben ejecutar sin desafinar.
Ante la imperante situación de Haití y la desbordante presencia ilegal de sus ciudadanos en nuestro territorio, el gobierno asumió la decisión de repatriación de estos, que todos apoyamos. Es hora de que cada dominicano asuma su cuota de responsabilidad y dejemos las inexcusables dependencias de mano de obra extranjera ilegal, sin regulación, creada por intereses económicos que se han beneficiado por décadas, en perjuicio de la continuidad en tiempo y espacio de la nación dominicana.