El impacto de la inmigración en el déficit eléctrico

En nuestro país , el déficit eléctrico se ha convertido en una carga económica creciente, alcanzando más de 1,500 millones de dólares anuales. En 2020, el déficit eléctrico representaba un 27%; hoy, cuatro años después, esa cifra ha aumentado alcanzando un pico en el año 2023 de un 36%. Una de las causas que puede estar impulsando este incremento es la migración ilegal, un fenómeno que no solo altera el tejido social, sino que también tiene implicaciones en el consumo energético.

La migración ilegal ha dado lugar a asentamientos informales en las periferias de las carreteras y zonas urbanas, donde se levantan viviendas precarias de zinc y madera. Estas construcciones, que inicialmente apenas utilizan bombillos básicos con conexiones ilegales, van aumentando su demanda eléctrica conforme sus residentes mejoran sus ingresos. Lo que empieza como un consumo mínimo se convierte en una carga eléctrica significativa cuando se añaden radios, lavadoras de ropa y televisores. La energía es servida, consumida, pero no pagada.

Estos asentamientos informales no solo generan una presión no regulada en la infraestructura eléctrica, sino que también contribuyen al incremento de las tarifas para compensar las pérdidas. Es fundamental aplicar el principio de pensamiento crítico y enfrentar este problema desde sus raíces. Otros países han comenzado a abordar esta problemática mediante la regularización de conexiones, ofreciendo tarifas sociales para comunidades vulnerables y el uso de tecnología avanzada para detectar consumos irregulares.

Es momento de que nuestro país revise su estrategia y proponga soluciones que no solo enfrenten la migración ilegal, sino que reduzcan el impacto en el sistema eléctrico y protejan los recursos que todos pagamos. Controlar esta demanda es clave para estabilizar el déficit eléctrico y evitar que las tarifas sigan subiendo.