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Los intereses de los sectores dominantes del país volvieron a salir indemnes. Con un proyecto de reforma que tocaba las históricas exenciones fiscales que han recibido de manera exagerada ciertas industrias (como turismo, zona franca), o esos regímenes tributarios especiales que favorecen la concentración de poder y la corrupción fiscal, o que protegen productos que dañan la salud de la gente, las clases privilegiadas lograron tumbarle el pulso al gobierno.

Si eso fue a un gobierno conservador, aliado natural de la cúpula del poder económico del país, no imaginamos qué sucedería si aquí llegara algún día un gobierno mínimamente progresista, con intención de rectificar democráticamente el inicuo sistema de redistribución de riquezas, que ha herido de injusticia social la vida de varias generaciones de dominicanos.

Parece que, contra los tutumpotes, ni el poder de Estado puede. La última vez que un gobierno dominicano hizo algo que a la oligarquía no le gustó, la oligarquía lo tumbó. Esa fue la suerte de Bosch en 1963. Y desde entonces, en el país, hasta para los gobiernos de derecha los límites parecen estar muy claros.

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