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“Política migratoria de República Dominicana: Soberanía y derechos en equilibrio

En los últimos años, la República Dominicana ha enfrentado críticas intensas por parte de algunos organismos internacionales, que insisten en calificar la política migratoria del país como racista, particularmente en relación con la población haitiana. Sin embargo, esta percepción ignora una realidad fundamental: la República Dominicana ha sido uno de los pocos países que ha abierto sus puertas a los haitianos, respetando sus derechos fundamentales y permitiéndoles integrarse en la sociedad.

Históricamente, los haitianos han encontrado en la República Dominicana acceso a educación, salud, empleo y vivienda. Estos derechos, que en muchos casos no se encuentran disponibles de manera tan accesible en su propio país, han sido garantizados por el Estado dominicano, a pesar de las presiones socioeconómicas que esto ha generado. El hecho de que generaciones de haitianos hayan podido prosperar en nuestro país es prueba de que la República Dominicana no solo respeta, sino que también valora los derechos de todos los individuos, independientemente de su origen étnico o nacionalidad.

Con la reciente designación del nuevo director de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester el país ha reafirmado su compromiso de gestionar las políticas migratorias de manera firme, pero justa. La implementación de estas leyes no es un acto de racismo ni de discriminación, sino una expresión de soberanía y responsabilidad nacional. Cada país tiene el derecho y el deber de regular la entrada y permanencia de extranjeros en su territorio, para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

Aunque la República Dominicana ha manejado la migración haitiana con un enfoque humanitario, las deportaciones de aquellos en situación migratoria irregular siguen siendo necesarias. En este contexto, se han reportado deportaciones que algunos han calificado como irregulares. No obstante, es importante recordar que otros países aplican medidas migratorias estrictas, y la República Dominicana no debe ser vista de manera distinta cuando lo que está en juego es su soberanía y el cumplimiento de sus leyes.

Cumplir con nuestras leyes migratorias no debería ser motivo de crítica, sino de reconocimiento. La soberanía nacional no puede estar sujeta a presiones internacionales cuando lo que está en juego es el bienestar de nuestra población. La política migratoria dominicana es justa y equilibrada, y debe ser respetada tal como nosotros respetamos las políticas de otros países.

La República Dominicana es un país hospitalario que respeta los derechos de todos los individuos, pero también un país que exige el cumplimiento de sus leyes. Sugerir que esto es racismo es una distorsión de la realidad y una falta de respeto hacia un país que ha hecho más que muchos otros en la región por la integración de la población migrante.