Llamada del Presidente y todo resuelto
En un estado de derecho, donde se les exige a los funcionarios transparencia y ética gubernamental, el presidente de la República no puede llamar a ningún funcionario para que ejecute una orden que atente contra esos principios.
Es volver al pasado y para eso es bueno recordar que días antes del cambio de gobierno en el 2020, se autorizó al director de la OISOE y a la contraloría al pago de más de RD$2 mil millones al señor Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina, por presuntas remodelaciones irregulares de 51 hospitales.
El ex director de la OISOE fue sometido a la justicia por esa y otras acciones irregulares, igual que al señor Alexis Medina ya que todos los contratos entre Domedical Supply (empresa de Alexis Medina) y la OISOE violaron los procesos de licitaciones y se firmaron equipos médicos como recibidos cuando supuestamente no habían sido entregados en los centros de salud.
Casos como este se repitieron a lo largo de los años con cientos de obras ejecutadas y compras de bienes que no cumplieron las leyes vigentes, tanto en OISOE como en otras instituciones públicas y donde una llamada del presidente todo lo resolvía. Pagarle y punto.
Pero hay gente que cree que aún vivimos en el pasado y que el presidente con una llamada puede resolver cualquier problema y no es así. Los partidos de oposición serán los primeros en acusar al presidente de violar la ley y pedir que se sometan a la justicia a los funcionarios que actuaron en consecuencia. Los mismos partidos que antes la violaban.
En definitiva, el presidente no puede autorizar pago de viejas deudas a contratistas o suplidores si los expedientes están incompletos o no cumplen los requisitos de ley aun las obras hayan sido recibidas satisfactoriamente por las instituciones contratantes.
Algunos se han resuelto o se resolverán legalmente y en ello se trabaja coordinando esfuerzos entre el MIVED, el MH y la Contraloría.
Para resolver otros cientos de casos de obras terminadas y entregadas, cuyo pago final no se ha hecho por razones legales, hay un único camino.
Enviar una ley al congreso o modificar la ley 118-21 (que permitió nuevos contratos para cientos de obras paralizadas), donde el pago final a los contratistas que entregaron sus obras y fueron recibidas satisfactoriamente por las instituciones contratantes, pero sin cumplir todos los requisitos de ley, sean eximidos de los mismos. No hay otra forma. Aun así, podrá haber restricciones para ciertos casos.