El gobierno dominicano envió al Congreso su primera propuesta de reforma: la constitucional, en los términos anunciados por el presidente Abinader. Faltan las propuestas de mejoras a la seguridad social y otras, en torno a la que existe gran expectativa, especialmente con un nuevo superintendente tomando posesión los próximos días y personas con gran conocimiento siendo acercados al Presidente.
En lo relativo a la modificación de la constitución, exclusivamente tres aspectos han sido planteados a la Asamblea Revisora para que mediante ley los representantes declaren el inicio del proceso. A saber: lo relativo al “ministerio público independiente”, la reducción numérica de diputados y el “candado a la reelección”.
Después de haber desfalcado la República durante veinticuatro años y sus dirigentes y relacionados empresariales salir megamillonarios del ejercicio público, los opositores del gobierno actual pretenden tener derecho a ejercer la crítica, aunque todos veamos que las hacen con los fundillos expeliendo el hedor de sus heces.
Hay que tener cachaza para decir que la constitución del 2002 no incluía el “nunca jamás”. Y para negar que, bajo una gran humareda, la del 2010 lo erradicó con un solo objeto: facultar al presidente de turno, saliente, quedar habilitado, como quedó.
Deseando explotar en lo inmediato los beneficios de un “derecho” exclusivo para sí, guerreó y guerreó para que su sucesor (2012-2020) no pudiera volver, mediante una cláusula transitoria cuya vida durará hasta el deceso de aquel mandatario.
Para que las cosas sean igualitarias, donde “lo que es igual no es ventaja”, los miembros de la Asamblea Revisora actual podrían poner un candado inviolable y definitivo a la reelección presidencial sin atender ni poner caso a los que fueron complacientes con las reformas anteriores o que al menos dijeron ni pío.
La actual revisión podría establecer otro transitorio que rece, por ejemplo, “ninguna persona que al momento de entrada en vigor de esta constitución haya ejercido la presidencia de la República durante ocho años, consecutivos o no, PODRÁ optar por, ni postularse jamás a la primera magistratura de la nación ni a la vicepresidencia de la República.
Así la cosa queda parejita y el país abre un camino hacia el futuro y la promoción de nuevos líderes.
Porque Abinader no debe, al auto descartarse, imponerse límites o efectos constitucionales que los dejen a expensas de ex presidentes que mediante la reforma constitucional puedan quedar sonrientes y favorecidos. Debe procurar lo que el país reclama: arrastrar tras su estela de gloria y deseo de buena dominicanidad, a esos que con el dinero robado al pueblo dominicano mantienen vigencia política, preservando su capacidad de producir daño al desarrollo de la democracia nacional y el bienestar colectivo.
Si los otros patalean porque se les descarta constitucionalmente, Abinader debe evitar auto descartarse y hacer igual porque, repetimos, “lo que es igual no es ventaja”. Garantizar su continuidad, si lo desea, en el ruedo político. No es lo que prefiero y, por lo que ha dicho, el presidente no quiere eso. Desea salir en el 2028 y regresar jamás. Si esas barrabasadas hicieron los gobernantes del 2004-2020, ¿qué moral tienen sus organizaciones, líderes y voceros mediáticos para solicitar que otros se abstengan de actuar igual que ellos.
El presidente ha dicho “No somos iguales”, una diferencia real es que el pueblo dominicano espera.
¡Si Abinader debe irse, han de irse todos los que gobernaron ocho años o más! Y si Hipólito Mejía lo desea, puede proponer que el transitorio sea más universalizante y que incluya a todos los que han gobernado el país desde el 1996 a la entrada en vigencia de la por venir reformada constitución del 2024.
Pero eso sólo si don Hipólito Mejía lo acepta. Y si lo consiente Luis Abinader pues ellos son las autoridades máximas del PRM y, hoy, mayoría.
Para los defensores radicales de la democracia este es un trago dulce, en vez de amargo, y hay que apurarlo rápido, para pasar a abordar los demás temas: el relativo al “Ministerio Público independiente”. Sobre este soy de la idea de que se copie, pie juntillas, el modelo estadounidense, creando un verdadero contrapeso. Y que se acabe la discusión.
Sobre la reforma fiscal.
El tema importante, que afectará de forma directa la vida, cada día, de los ciudadanos es el relativo a la reforma fiscal. Es, por tanto, el más espinoso.
Y en este deseo detenerme. El apoyo de sectores de alto calaje al presidente le está saliendo demasiado al país. Ellos ni chistaron ante la reforma fiscal del 2012. Y propiciaron que el gobierno 2012-2016 recibiera un colchón financiero que lo forró de billetes y que para saber su derrotero sólo debemos mirar hacia los resultados nacionales en áreas como el tránsito aéreo, las importaciones desde China, los fletes de aviones, las construcciones y las remodelaciones de aulas y hospitales que el Ministerio Público incluyó en sus persecuciones y acciones estelares.
Esos tutumpotes, entonces andaban calladitos y ahora, por el contrario, parecen estar dispuestos a presionar más de lo necesario. Quizás esa presión podría significar que, como el presidente ha anunciado que saldrá del gobierno en el 2028, ya están articulándose alrededor de otro candidato…
Sobre esa premisa, respecto al “término” anunciado de la vigencia política del presidente, el partido de gobierno debe asumir con responsabilidad nacionalista y social su mayoría congresual y aprobar las reformas que no sean iniciativas suicidas y que si cierran vías o se abren lo hagan para beneficiar u obligar a todos, por igual, sin distinción. Así, se supone, han de ser las leyes.
Eutanasia política: derrota por suicidio y harakiri
La historia germinal del partido en el gobierno (PRM) contiene antecedentes PRDistas que hacen temer la re-aparición de conductas y acciones auto flagelantes y auto destructivas.
Esas que, en el pasado, le produjeron gran daño. Casi suicidas. Como de alguien que, urgido de una eutanasia, encuentra a sus opositores para que se la realicen.
Por ejemplo: escoger a Álvarez Bogaert como candidato vice-presidencial para cerrarse el camino de posibles diálogos con Balaguer entre el 1986 y el 1996, luego de la metida de pata de aprobar el 50+1 en aquel fatídico momento de 1995 como norma para elegir al presidente, teniendo más que el 45% de los votos “en las manos” y, en sus filas y al lado, a alguien que provenía del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y que, bajo la directriz de Antonio Guzmán pudo haber tejido relaciones en las instancias del PRSC mediante el tema agrícola: don Hipólito Mejía, como quedó demostrado en el 2000.
La oposición al viejo PRD siempre lo derrotó no porque fueran políticos virtuosos —como la historia demostró— sino por la obstinada inclinación al yerro de los viejos PRDistas: luchas intestinas desbordadas; descrédito entre sí; carencia de alineamiento estratégico producto de la proliferación de tendencias por encima de las estructuras orgánicas; liderazgos incapaces de negociación; falta de visión a futuro, ventilación de las contradicciones internas en el ágora, subestimar —en el peor de los casos— la capacidad de daño y la necesidad de sus adversarios de legitimarse mediante el ataque, la confrontación política de “tierra arrasada”, el sectarismo medular y, sobre todo, su insaciable deseo de poder y de avaricia…
De tal modo, Jacobo Majluta y José Francisco Peña Gómez afectaron al PRD formando estructuras políticas externas y paralelas a la organización matriz: La Estructura de Majluta, posteriormente Partido Revolucionario Independiente (PRI), y el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) de Peña. Ambos anduvieron sus propios derroteros y eso llevó a la derrota del PRD en el 1994, pese a que como ilustran los números electorales de entonces pudieron ganar. En aquel momento, el PRSC obtuvo 1,275,460 votos (42.29%) y el PRD (con Peña Gómez, como candidato): 1,253,179 (41.55%). Es decir, el PRD fue vencido por 0.74% (22,281 votos) de los 3,015,750 sufragios válidos emitidos.
Sin embargo, esa superioridad con la cual Joaquín Balaguer ganó a Peña Gómez fue -46,629 votos que los 68,910 obtenidos por Majluta y su PRI. El viejo zorro Balaguer concurrió sonriente a aquellos comicios pues había logrado lo imposible: dividir al viejo toro, al “partido del jacho prendío” y a sus caballos. Si Majluta y Peña hubiesen comparecido juntos, mediante un acuerdo justo sobre el gobierno, refrendado por encuestas creíbles y las estaturas reales de sus preferencias entre los votantes, habrían obtenido, como mínimo, la sumatoria de sus respectivas votaciones, equivalente a 1,322,089 votos. Habrían alcanzado, entonces, el 43.84% de la votación, superando al PRSC, como hemos dicho, con +46,629 votos iguales a 1.55% de los válidos emitidos, lo cual representaba el doble del 0.74% con el cual Balaguer derrotó al PRD. Los resultados habrían sido, siendo conservadores, de ese modo, aunque la realidad política sugiere que de Peña y Majluta concurrir aliados, Balaguer no hubiese gobernado nunca más y el “Frente Patriótico” PLD-PRCS del 1996 no habría ocurrido o, al menos, tenido oportunidad de éxito.
La condescendencia con una oposición fanática de gran poder de simulación llevó a que el PRD fuera perseguido y figuras estelares suyas desacreditadas al máximo. Lo que hizo —o mejor dicho, no hizo— aquel Balaguer ciego durante su gobierno 1986-1996 dañó ostensiblemente a la República Dominicana. Para que la gente tenga una idea, en tal lapso la tasa del dólar pasó del famoso 3x1 en que la dejó Jorge Blanco (PRD) en 1986, a RD$12.7 por US$1, como la entregó Balaguer el 16 de agosto del 1996. Balaguer devaluó el signo monetario ±3.29 veces.
Pero el PRD estaba inmerso en sus luchas intestinas y Peña en establecerse como líder de la Internacional Socialista para decir a la población lo que ocurría. De hecho, no se puede descartar que —con el ejemplo que Balaguer ponía mediante aquella persecución sin cuartel contra Jorge Blanco y sus funcionarios más cercanos— Peña temiera represalias directas en su contra si enfrentaba a Balaguer abiertamente o ponderaba los beneficios políticos que a lo interno podía reportarle aquella persecución.
En política no hay santos ni nadie quiere que lo sean. De manera que el PRM debe aprender de aquellas experiencias, cuyas cadenas genéticas podrían estar buscando la oportunidad de impulsarlo a no ejercer el poder conferido por el pueblo en los términos de propiciar el bien colectivo y la propia preservación, y cuyo soslayo podría actuar en su contra y llevarlo nuevamente a una debacle.
No se trata de radicalismos ni exabruptos, sino de previsión, auto preservación y coherencia con los principios: ¡democracia sin cuartel! Hacer lo que ha de hacerse y hacerlo rápido y bien. Son apenas cuatro años y el desarrollo requiere que se quite presión a esta cotidianidad dominicana que muchos desean saturar de nieblas, agitación, sobresaltos y ahogos.
El PRM y sus líderes no pueden subestimar los efectos probables de continuar estos “debates” de las reformas. Cínicos porque ante los temas que involucran la oposición no tiene moral ni asidero. Continuarlos más allá de lo prudente sólo transfiere vigencia mediática a los corruptos, adversarios de la democracia, la transparencia y el bienestar nacional y el patrimonio público, otorgándoles su caramelo deseado.
Cuidar que la reforma no sea un boomerang
A la vez, se debe evitar echar a andar un auto cuya velocidad y descontrol no lo lancen contra la cerca propia. Por lo cual: ¡cuidado con las reformas! Recordemos que la constitución del 1994, con la cual el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegó al poder, establecía que (art. 49): el presidente “será elegido cada cuatro años por voto directo, no pudiendo ser electo para el período constitucional siguiente”. Y que fue el propio PRD, en el 2002 y sin prever a futuro ni la crisis que bajo el sistema financiero latía, optó para validar la reelección por 8 años consecutivos con un “nunca jamás”, lo cual el PLD, después de usar, modificó en la constitución del 2010, para garantizar el pronto retorno del gobierno 2004-2012, estableciendo que (Art. 124): “El poder ejecutivo se ejerce por el o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente”, lo cual, naturalmente, impulsó al gobierno 2012-2016 a guerrear contra el hasta entonces líder del PLD y hoy presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) —pues constituían mayoría congresal— para poder optar a la presidencia en el período 2016-2020. Así, que se hicieron otra constitución reeleccionista a su medida, como cada vez que la necesitaron. En el año 2015 incluyeron la siguiente modificación: “El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.
Pero como con esa constitución se producía un “borrón y cuenta nueva” y la constitución anterior quedaba sin efecto, el presidente 2012-2016 quedaba facultado para otros dos períodos improrrogables. Para prevenirlo, la Ley 24-15 del 02 de junio del 2015 que declaró la necesidad de modificar el artículo 124 de la constitución del 2010 tuvo por objeto: a) “permitir que el Presidente de la República disponga del derecho de poder optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo” y b) “establecer un artículo transitorio en que se consigne de que en el caso eventual de que el Presidente de la República actual, correspondiente al periodo 2012-2016, sea candidato presidencial para el período 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período y a ningún otro”.
Así, en la vigésima disposición transitoria del Capítulo II de la constitución dominicana “dada y proclamada” el 13 de junio del año 2015 establece que “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. El congreso sastre, por segunda vez vestía a sus presidentes con un traje constitucional hecho a su necesidad política, requerimiento, ambición y medida.
Si con Balaguer la Constitución había sido “un pedazo de papel”, en manos de los robolucionarios ha sido un trapo de baño.
¡Si, a poner un candado irrompible y definitivo a la reelección presidencial!