La respuesta a la duda acerca de si por fin hay esperanzas de poder salir del actual estado de caos imperante en Haití es afirmativa. Claro está, afirmativa, si se asume que la intervención foránea en ese país es un ‘mal menor’, dada la evidente desarticulación del Estado haitiano en términos de gestión administrativa, ordenamiento legal, sostenibilidad medioambiental y económica, así como de control del territorio.

Ahora bien, que quede claro, no se trata de un sí incondicional. El desafío que tiene por delante el pueblo haitiano, en general, es superlativo. Pero no solo este dado que, en particular, resulta imposible ignorar el papel que juegan sus encumbradas élites empresariales y comerciales, así como las autoridades morales y las que ahora ocupan posiciones gubernamentales, tales como el recién nombrado Primer Ministro, su gabinete, además del prometedor Consejo de Transición Electoral.

En dicho maremágnum, no todo es cuestión de orden y presencia policial, sustentada en una fuerza internacional. Falta por encauzar la conciencia cívica y la civilidad de toda una población consciente de que ninguna intervención armada extranjera ha servido de cimiento sostenible de algún estilo de convivencia pública próspera y pacífica. Se trata de un objetivo difícil de alcanzar, puesto que ese modus vivendi ha de estar cimentando, no en la fuerza bruta ni en el comportamiento de algún ensimismado prepotente, sino cimentado bajo la universalidad de ordenamientos institucionales y jurídicos que gocen de esa legitimidad que solo la ciudadanía puede conceder.