Escasez de agua y reforma fiscal

La repetición del milagro cotidiano a muchos no nos permite asumir que abrir la llave del grifo y que salga agua, es un privilegio cada vez más excepcional en esta República de la Impunidad Dominicana.

Y es que, como a Oliveira con La Maga –cada vez que entraba “en su delgada cintura” sobre el pretil del Pont des Arts–, se nos hace tan natural ver el agua salir de la llave, que no nos preguntamos de dónde [y cómo] viene, porque damos por sentado que así pasa en los 3,726,048 hogares del país (ONE. Censo 2022).

La data es reveladora –y perturbadora también–, el 47% de hogares no dispone de agua potable dentro de la vivienda, y, en la mayoría de los casos constituye una señal de privilegio, pues en los hogares más pobres el acceso apenas llega a un 7.5% (ENHOGAR 2022). El indicador no es constante ni clasista, pues muchas veces el no acceso no distingue sectores, ya que los hogares que reciben agua tres días o menos, lo hacen en un rango promedio de 8.6 horas que va desde 3.0 (Ocoa) a 14.6 (Valverde); y esto, a la par que evidencia que nadie está a salvo, revela una mínima capacidad de planificación a lo largo de décadas que, año tras año hace más grande un problema vital… y nunca mejor dicho.

Todo esta mapeado, estudiado y diagnosticado. La hoja de ruta que marca la secuencia de soluciones es archiconocida y cada año se actualiza. El “Pacto Dominicano por el Agua 2021-3036” del gobierno tiene una estimación de costos de US 600 millones al año, lo que supone una movilización de US 9,000 millones en los próximos 15 años… casi nada.

La necesidad de una reforma fiscal es impostergable, en eso casi todos están de acuerdo. El disenso será en torno a qué gravar y qué no; modificar tasas, exenciones, incentivos, privilegios; y que, a la par de la mejora en el ingreso, debe ser más eficiente y transparente el egreso, sobre todo el gasto estatal.

La política hará que la reforma se convierta en campo de batalla y con todo el poder en sus manos, el gobierno no tiene excusa para sólo hacer una reforma posible, sino la obligación de hacer la necesaria, aunque tenga que pagar el precio político… o disfrutar de los beneficios de su decisión unilateral.

Más allá de la legalidad, el gobierno necesita la legitimidad ciudadana, y esto se conseguirá en la medida que pueda comunicar que el reajuste fiscal y el reordenamiento tributario no sólo será para cuadrar caja; hacer sostenible el negocio eléctrico; mantener privilegios a ricos; o pagar intereses y capital a acreedores externos; sino para financiar el costo de las grandes intervenciones en materia de servicios públicos que, como el agua, eleven la calidad de vida de los dominicanos. De lo contrario, la reforma carece de sentido.